La delegación en Argentina de Amnistía Internacional expresó en un comunicado “profunda preocupación” por la censura previa aplicada a grabaciones que involucren a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, adoptada mediante una decisión judicial exprés que satisfizo una presentación del Poder Ejecutivo.
También se pronunció en contra de la pretensión gubernamental de que sean allanadas oficinas y domicilios de periodistas que dieron a conocer grabaciones de un funcionario que habla del pago de sobornos.
“La censura previa está expresamente prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según estos estándares, eventuales conflictos con la honra o la intimidad deben resolverse mediante responsabilidades ulteriores (sanciones posteriores, con base legal y proporcionalidad), nunca a través de bloqueos preventivos”, dice el pronunciamiento.
La censura previa fue impuesta por el juez del fuero Civil y Comercial de la Nación, Alejandro Maraniello, cuando el gobierno nacional reaccionó con una presentación a la difusión de grabaciones de Karina Milei, tomadas supuestamente en Casa de Gobierno y en los días de pleno impacto de denuncias de corrupción que involucran a la funcionaria, hermana del Presidente.
Sobre la medida del juez, Amnistía expresó que “un aspecto especialmente criticable” es que “ignora la especial protección que merece la expresión cuando se trata de asuntos de interés público. Contrariamente a lo establecido por el juez, es justamente cuando se prohíbe la difusión de información que se afecta el derecho de la sociedad a ser informada sobre un asunto de relevancia pública”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que “la difusión de información de interés público no puede ser bloqueada de manera preventiva”. También dijo que “la amenaza penal a quienes ejercen la labor periodística, así como impedir que la sociedad acceda a información, constituyen graves faltas al ejercicio de la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas”.
Esta declaración se refiere a la presentación gubernamental que pidió el allanamiento de oficinas y domicilios y el secuestro de material e instrumentos de trabajo de periodistas que dieron a conocer grabaciones en las que el titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, habla de actos de corrupción en el área de la Presidencia.
“Amnistía Internacional considera que denunciar penalmente a periodistas por presunto espionaje ilegal constituye una amenaza grave a la libertad de expresión y genera un efecto amedrentador incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos”, concluye el comunicado.
Sindicatos y organizaciones dedicadas a la comunicación condenaron las acciones gubernamentales y judiciales. A este conjunto se sumó el 5 de septiembre la Confederación General del Trabajo, en un pronunciamiento titulado “La libertad de expresión está en peligro”.
El comunicado critica también la aprobación del decreto 629/2025, presentado en algunos medios como una ampliación de actividades para los puestos de ventas de diarios, al darles funciones de correo postal. Sin embargo, la CGT advierte que la decisión “tiene como único fin golpear la actividad que realizan vendedores de diarios y revistas, desregulando e hiriendo de muerte la actividad de los canillitas, quienes ocupan también un importante rol garantizando la libertad de prensa y el pensamiento crítico”.
Todo lo que sea llamar la atención sobre intento de cortar la libertad de expresión
me parece necesario para preservar un derecho humano