La defensa y promoción de los derechos de los usuarios de las plataformas y medios digitales respecto del cuidado de la dignidad personal, la no discriminación y la protección ante discursos de odio, así como la protección de los datos personales, requiere en Argentina una regulación específica, declaró Luis Lázzaro, periodista, docente universitario y especialista en comunicación.
Asimismo, es necesario que el Estado cumpla las leyes vigentes, que establecen sistemas de financiamiento y apoyo para los medios privados sin fines de lucro y el sostén de los medios públicos con un enfoque pluralista y federal, y que están siendo vulneradas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), agregó.
Lázzaro, magíster en Educación, Lenguajes y Medios, e integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, el foro que impulsó el debate en todo el país para la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522 –sancionada en 2009-, reivindicó en diálogo con CLIC el sistema de medios tripartito establecido en esa norma, conformado por los medios privados con fines de lucro, los privados sin fines de lucro y los estatales.
Es necesario, dijo, “adoptar una perspectiva integral e integradora del sistema de medios de comunicación, a través de un ministerio de la Comunicación que tenga la capacidad de articular los sistemas convergentes, que son los que hoy están presentes”.
Se trata de una previsión legal no solo en el plano tecnológico, sino también de “la necesidad de que los distintos actores en ese escenario de la convergencia recuperen los roles que tradicionalmente se habían planteado dentro de la diversidad mediática”.
El especialista hizo notar que la administración actual, que asumió en diciembre de 2023, proclamó una supuesta suspensión de la “pauta publicitaria” estatal, pero lleva distribuidos más de 100 millones de dólares que, en su mayor parte, fueron al universo de las plataformas digitales.
LA ENTREVISTA COMPLETA
Lo que sigue es la entrevista completa que CLIC mantuvo con el especialista.
CLIC.- ¿Cuáles son las características del sistema mediático actual de la Argentina que más le preocupan?
Luis Lázzaro.- El conjunto de dispositivos e instrumentos que configuran hoy un ecosistema o un sistema de comunicación se inscribe en procesos históricos en los que hubo en pugna dos tipos de intereses diversos. Por un lado los del mercado, con su lógica tendencia a la concentración de la propiedad de los medios, en un proceso que fue pasando del sistema clásico de los monomedios, de los medios que se dedicaban a una sola actividad, a lo que conocimos más tarde como multimedios. Y luego, los procesos que se generaron como consecuencia de la revolución tecnológica, que dieron lugar a un sistema híbrido, en el cual participan los medios tradicionales pero también nuevos instrumentos de producción, distribución, circulación y consumo de información y de bienes culturales. Entonces, en la actualidad hablar de un sistema de comunicación lleva a la necesidad de describir esa complejidad. Para otro enfoque posible respecto de este sistema, tenemos que hablar del momento en que hubo la mayor posibilidad de democratización y de acceso a la información y la cultura, que fue generada por las políticas públicas y por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lo pensó como un sistema tripartito: medios privados comerciales, medios privados sin fines de lucro y medios públicos, estatales y no estatales, en los diversos niveles del Estado. En términos de preocupación, una de las primeras cosas que podemos mencionar es que esa dimensión tripartita, planteada para tener un sistema diversificado y con distintas perspectivas, está amenazada por el abandono de algunas de estas herramientas, claramente en el caso de los medios públicos, claramente en el caso del sector comunitario, de los medios sin fines de lucro, que son portavoces de otros intereses de la comunidad, que muchas veces no están representados en los medios más grandes y concentrados. Las preocupaciones actuales están en el abandono de ese modelo tripartito y en la hiperconcentración que se produce en uno de esos polos, que es el que queda fortalecido por las perspectivas del neoliberalismo y las estrategias de desarrollo tecnológico, de los grandes grupos, a nivel internacional y a nivel nacional, que han hecho posible una expansión que hasta no hace mucho el marco jurídico impedía, sobre las telecomunicaciones como un campo unificado y con una perspectiva de libre comercio, que desconoce las tutelas de los bienes informativos y culturales que son necesarias para proteger la democracia. Entonces, la caída de estos instrumentos, la pérdida de la diversidad, se constituye en el problema más importante. A esto se suma un aspecto de época profundamente preocupante que tiene que ver con los discursos de odio y con el uso de las redes sociales como nuevas plataformas completamente desreguladas, que se convierten en una amenaza para el sistema democrático.
CLIC.- En un caso de recambio político en la Argentina, y con un gobierno interesado verdaderamente en la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿cuáles serían los primeros pasos para recuperar el pluralismo informativo y la diversidad cultural de la que habla?
Luis Lázzaro.- El paso número uno, que lo hemos planteado en turnos presidenciales en los que hubo preeminencia del campo nacional y popular -los casos de Néstor y Cristina Kirchner y posteriormente Alberto Fernández-, es adoptar una perspectiva integral e integradora del sistema de medios de comunicación, a través de un ministerio de la Comunicación que tenga la capacidad de articular los sistemas convergentes, que son los que hoy están presentes. Pero no sólo por una definición tecnológica, sino también por la necesidad de que los distintos actores en ese escenario de la convergencia recuperen los roles que tradicionalmente se habían planteado dentro de la diversidad mediática. La creación del Consejo Federal de Comunicación es la primera tarea que debe adoptar un ministerio de Comunicación, porque es una herramienta fundamental en un escenario democrático. También recuperar todas las facultades jurídicas y regulatorias que se fueron resignando en estos tiempos, a veces por decretos de necesidad y urgencia, como pasó con Macri y con Milei. Y además, poner en marcha y resolver la aplicación de los resortes que las leyes han previsto y que siguen vigentes, que no se han derogado. Enfatizo, en este sentido, el rol de los sistemas de financiamiento de carácter específico que han acompañado en estos años el desarrollo tanto de industrias culturales como los sistemas informativos y los medios sociales de comunicación, que obviamente requieren, para cumplir adecuadamente su función, la aplicación de las políticas públicas que han previsto fondos de fomento de medios comunitarios, el cinematográfico, el teatro, la música y los organismos que representaban a las audiencias. Esto solo requiere una decisión política, porque los recursos están previstos por ley, tienen asignación específica, de manera que deben ser destinados a la finalidad para la que fueron creados y abandonar esta práctica de enviarlos a una mesa de dinero o a conformar algún stock de divisas, tratando de hacer caja. Estas medidas son necesarias junto con la reposición histórica de los medios públicos del país como instrumentos productores de noticias con un sentido federal y no con la lógica del mercado, que es lo que parece que nunca terminan de entender o nunca quieren entender los liberales. La ley audiovisual y la ley de Argentina Digital establecieron sendos consejos federales, representativos, participativos. Y tenemos que trabajar urgentemente y a fondo para reponer la constitución del directorio de los medios públicos que responde también a esa matriz federal prevista en las leyes.
CLIC.- Usted mencionó la presencia de la digitalización, habló de un sistema híbrido como consecuencia de las nuevas tecnologías. ¿Qué modelos de regulación conoce para tomar en cuenta como inspiración para la Argentina?
Luis Lázzaro.- Sin ninguna duda, el modelo de las directivas europeas es para tener en cuenta, por varias razones. Ese modelo avanzó en una serie de caracterizaciones respecto de lo que es un bien cultural y un bien informativo. A diferencia de las perspectivas del libre mercado de la Organización Mundial de Comercio, que ve en estos productos un simple intercambio de bytes, o sea de datos digitales, nosotros estamos viendo películas, series, noticieros, material informativo necesario para la sociedad y para fortalecer la democracia. Esas directivas europeas crearon instancias que tienen la capacidad de ejercer algún contralor respecto de los principios de libre comercio que determinan la circulación de contenidos y que en muchos casos son violatorios de los derechos humanos, con discursos de odio, rascistas, xenófobos, con violencia de género. No hace mucho, en uno de los canales de streaming de Argentina que utilizan las nuevas tecnologías, se acusó a un legislador nacional, por su condición homosexual, como si fuera un pedófilo, infectado de SIDA, y se dijo que merecía morir… Pongo este ejemplo, entre los tantos que hay, para decir que eso tiene un límite en la legislación, en la medida que son delitos, muchas veces de carácter penal, y deben ser juzgados como tales y deben ser prevenidos. Por eso la alfabetización mediática y digital son parte de programas en Europa y también en muchas partes de América Latina, porque son centrales para incidir en la discusión respecto de las buenas prácticas de las redes y autopistas digitales. Otro tema que me parece central es la universalidad del derecho. Es decir: si de acuerdo con las normas, con la Constitución Nacional y el Pacto de San José, los ciudadanos argentinos son titulares del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, claramente surge de ahí que si no tienen conexión a internet, en los tiempos que corren quedan fuera del ejercicio de esos derechos. Por lo tanto, los planes de servicio universal, de capacitación y formación, el rol de empresas como ARSAT –que ha sido el brazo ejecutor de una política de fibra óptica en todo el país-, las políticas de soberanía satelital sobre el espacio argentino y las políticas de inclusión a partir de estos instrumentos tecnológicos, son también cuestiones centrales que hay que resolver en este tiempo. Los europeos establecieron una regulación a 19 grandes plataformas, que son definidas como tales cuando sus usuarios superan el 10 por ciento de los habitantes europeos –es decir unos 45 millones de usuarios por plataforma-. En esos casos, están sujetas a un control más estricto en términos de los discursos de odio, la discriminación, el derecho al honor personal y al habeas data –que es la protección de los datos personales-. Y lo que han generado es un consenso en torno de lo que se llama políticas de transparencia. Esto se relaciona con que el argumento con el que se defienden las grandes plataformas, en nuestro país y en el mundo, es el de la no responsabilidad de los intermediarios, como si no fueran ellos quienes son los creadores de los algoritmos que se ocupan de editar los contenidos que circulan y distribuyen. En cualquier periódico o publicación o revista, hay un responsable que es el editor, quien está seleccionando lo que se publica y lo que no, y cómo se publica… Esas políticas de transparencia son parte del compromiso que los países europeos están instalando para el nuevo ecosistema digital, por decirlo así. Y sin olvidarnos del precedente muy valioso de Brasil, con la afirmación de la soberanía territorial a través de la justicia, cuando el Tribunal Supremo brasileño ordenó el cierre de cuentas de Twitter, hoy X, que estaban siendo parte de una conspiración golpista a favor del ex presidente Bolsonaro y en contra del presidente Lula da Silva. Después de haber sido interrumpido el funcionamiento del sistema por una orden del Tribunal Supremo, finalmente la plataforma propiedad de Elon Musk accedió a dar de baja las cuentas de los golpistas. Entonces, son todos antecedentes para pensar qué regulación debería lograrse.
CLIC.- La Ley 26522 creó la Defensoría del Público para promover los derechos de las audiencias de medios audiovisuales. En el ambiente digital estamos hablando entonces de algo equivalente, de un instrumento que promueva los derechos de las personas que usan las platafomas.
Luis Lázzaro.- Sin duda ninguna. Porque hablamos de las audiencias en términos de derechos, en términos de la innovación jurídica que la Ley 26522 introduce con los organismos que crea, entre ellos la Defensoría del Público. Es una perspectiva jurídica que toma en cuenta los derechos de los usuarios de los medios, con la necesidad de tener alguna tutela o protección, tanto sea por los contenidos como por las condiciones de uso y prestación. Esto tomando en cuenta lo que, considero, fue una muy exitosa gestión en las etapas que ha tenido la Defensoría del Público para cumplir con su cometido, porque ha tenido un alto nivel de interacción con el público y ha generado mecanismos de participación directa que han sido bien recibidos por las audiencias. El hecho de que uno piense en la ampliación del ejercicio de estas práticas al mundo digital, al mundo de los contenidos que circulan por internet, claramente está en esa misma línea. Es imposible no entender que hay una consecuencia casi natural del concepto del derecho de las audiencias en relación con los usuarios de sistemas digitales, y más o menos las mismas competencias. En ese sentido, es necesario que el Congreso Nacional reponga esta figura, ampliando su competencia al mundo digital.
CLIC.- En un contexto de precarización laboral, hay casos de comunicadores/as despedidos de un medio convencional que se pasan a la transmisión por streaming y tienen más audiencia que antes, una audiencia que incluso colabora para financiar ciertos proyectos, como si fuera un nuevo empoderamiento. A la vez, se multiplican proyectos con estas tecnologías. ¿Cómo ve las nuevas dinámicas de las audiencias en estos modelos de comunicación?
Luis Lázzaro.- Algunos aspectos sobre este panorama: Por un lado diría que el grueso de la “no pauta” de casi 100 millones de dólares que se han repartido en los últimos dos años en publicidad de empresas estatales, que es una manera indirecta de destinar fondos del Estado Nacional con fines publicitarios, tuvo como destinatario principal al mundo digital, las redes y plataformas. Entonces, primera cuestión: la inversión que se hace en el desarrollo de estos instrumentos de comunicación supera a la de los medios convencionales. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una discusión integral respecto de cuáles son los parámetros de asignación, porque si el beneficiado es la plataforma que de por sí es el gran jugador económico, y no son beneficiados quienes producen contenidos que mueven esa plataforma, creo que ahí tenemos una primera discusión. Es decir, cómo hacemos para que ese recurso se destine tanto a quienes producen los contenidos como a quienes proveen la plataforma de circulación. Y otra cuestión es que hay que poner en discusión, como sucede en otras partes del mundo, el hecho de que las plataformas generan la circulación de información apropiándose de la producción periodística de terceros. Necesitamos ahí tener un principio de defensa del derecho de autor, que se pongan en contexto la información y los contenidos que publican los mismos periodistas y los medios, porque muchas veces son tomados por las plataformas con ocultamiento de la fuente. Si logramos un sistema de monetización que tenga en cuenta esta producción, porque producir información cuesta, ese costo podría ser recuperado de acuerdo al nivel de distribución o difusión. Eso fortalecería el sistema democrático de producción de información.
CLIC.- Usted mencionó la estructura tripartita de medios que prevé la ley, que incluye a los medios privados sin fines de lucro. Ahora, en la Argentina, y en muchos otros lugares, cuando se pierde el financiamiento estatal, porque viene un administrador que usa el dinero para otra cosa y porque no le interesa la pluralidad, parece que este sector se viene abajo. ¿Hay alguna forma de que este segmento se fortalezca sin depender del financiamiento público?
Luis Lázzaro.- Hay actores de la economía popular y del sector privado sin fines de lucro que generan ganancias, que tienen una rentabilidad concreta como resultado del desarrollo de su trabajo, y me refiero por ejemplo a las cooperativas eléctricas y de servicios de todo el país, que son personas jurídicas sin fines de lucro y que gestionan una plataforma propia de distribución de contenidos y tienen sus canales locales y contribuyen a promover una producción informativa federal y con sentido plural. Esta producción fue muy dañada durante el proceso de expansión de Clarín y los grupos de cable internacionales, que compraron casi todas las empresas familiares que había en la Argentina, y que por lo tanto generaron un proceso de enorme concentración del mercado. Pero estas empresas cooperativas, que parten de prestar un servicio público en diversas localidades, son empresas que tienen fortaleza econonómica para desarrollar su labor. Es una situación distinta a la que tienen los medios de comunicación informativos, que tienen una escala mucho menor de negocios, y que no tienen otra fuente de financiamiento que no sea el mercado local y eventualmente políticas públicas. Ahora, en la Argentina hay políticas públicas previstas, lo que necesitamos es que se cumplan, que se apliquen. Estamos diciendo que el ENACOM informa oficialmente a FARCO que en estos dos años retuvo 13 mil millones de pesos que correspondían a estas emisoras comunitarias de toda la Argentina, simplemente porque las usó para sentarse sobre la plata y ponerla a sacar algún interés en los bancos. Creo que son medios necesarios, que requieren de una política, incluso de políticas locales, porque en muchos casos se trata de proyectos que están anclados a ciertos territorios, donde intervienen el municipio y la provincia, es decir poderes locales que pueden intervenir para hacer posible el pluralismo.