La concentración de medios y la precarización de condiciones de trabajo, junto a la violencia y la hostilidad de actores con poder, son problemas comunes en los países latinoamericanos, lo que redunda en vulneración al derecho de las sociedades a recibir información plural, dijeron representantes sindicales reunidos en Buenos Aires.
Dirigentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, acompañados por exponentes de otros países, coincidieron en este diagnóstico y en el reclamo de normas específicas y condiciones permanentes para el desempeño periodístico, que no estén sujetas a inclinaciones de los gobiernos de turno.
El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) fueron anfitriones de jornadas de debates e intercambios, con actividades como participación en una asamblea de trabajadoras y trabajadores en la TV Pública y diálogos en la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Así, las y los dirigentes compartieron en la sede de SiPreBa el debate “Desafíos y estrategias de protección integral para trabajadores de prensa en América Latina en contexto de precarización y represión”, encuentro durante el cual fueron mencionados reiteradamente los actos de violencia institucional contra periodistas en Argentina, así como la censura previa gestionada judicialmente por el gobierno para impedir la difusión de grabaciones de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Alvaro Pan, dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya y a cargo de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, dijo que su país parece tener cierto prestigio en el respeto a las instituciones, pero advirtió que el trabajo periodístico afronta un contexto muy adverso.
Al respecto, recordó que el gobierno del presidente derechista Luis Lacalle (2020-2025) “le pasó por arriba” a una ley sobre medios de comunicación aprobada durante el período anterior, al tiempo que permitió un proceso de extranjerización de medios locales y la expansión “descontrolada” de las plataformas digitales, al tiempo que perjudicó a los “medios barriales”.
El dirigente reclamó la aplicación en América Latina de políticas permanentes y el respeto de todos los gobiernos a las normas sobre comunicación y periodismo. También propuso una vinculación regional, mediante redes que puedan generar el intercambio de información.
Santiago Ortiz, del Sindicato de Prensa del Paraguay, dijo que también en su país hay un alto grado de concentración de medios, que impide la circulación de información plural. Explicó que unas pocas familias que acumularon riquezas ilegalmente, controlan al poder político y sumaron el poder mediático.
Así, hay en el país tres grandes grupos, uno de ellos en manos del ex presidente ultraderechista Horacio Cartes, a quien atribuyó el control del gobierno actual, el también ultraconservador Santiago Peña.
Ortiz describió la transmisión de autocensura entre las generaciones de periodistas y explicó que la acción coordinada de los medios más poderosos para censurar información sobre sus prácticas ilegales desemboca en “una crisis de credibilidad”, porque la gente no confía en los contenidos que emiten.
Esta situación convive con la precarización. “Hoy en Paraguay no se puede vivir con el salario de un periodista”, y eso afecta la calidad de su trabajo. Describió el alto índice de violencia contra las y los trabajadores, evidenciado en el asesinato de 21 periodistas desde 1991.
En este debate, Carla Gaudensi, en representación de SiPreBa y FATPREN, coincidió plenamente con los diagnósticos precedentes y enfatizó que los ataques a la prensa en Argentina, desde diciembre de 2023, son “brutales”, ya que el gobierno “promueve el odio”, el hostigamiento en redes digitales y la represión en las calles. Mencionó también los bajos salarios y el uso discrecional de la publicación oficial, así como la violencia dirigida específicamente contra las periodistas.
El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulon, integrante del Bloque Encuentro Federal que preside Miguel Ángel Pichetto, expresó que “la persecución a la prensa es simultánea a la represión política al progresismo”, con la finalidad de que no se discuta la concentración de la riqueza ni un modelo de desarrollo más justo.
El legislador se comprometió a respaldar los reclamos de los sindicatos de prensa como parte de sus acciones en la Cámara de Diputados.