El respeto a los derechos de las personas, como a ser tratadas con equidad y a no ser discriminadas, es una responsabilidad compartida e involucra al Estado. En el caso del mensaje mencionado, la responsabilidad es también de la empresa, de la agencia que lo haya gestionado y de los medios o plataformas por los que se difunda. La norma que establece estos derechos está vigente: es la ley 23.582, contra actos discriminatorios. Infelizmente, las instituciones estatales que deben llevar adelante acciones para que la ley se cumpla fueron desarticuladas por la administración que asumió en diciembre de 2023: se trata del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), que fue disuelto, y de la Defensoría del Público, que está acéfala desde 2024 y permanece sin cumplir con sus funciones.