La representación del gobierno de Javier Milei se negó a responder las denuncias sobre varios tipos de ataques a la libertad de expresión durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada el miércoles 19 de noviembre en Miami, ya que se limitó a reivindicar sus políticas y puso en duda que ese ámbito fuera apropiado para discutir el tema.
El subsecretario de Derechos Humanos, Julio Baños, expresó que las denuncias de numerosas entidades y periodistas por estos ataques fueron “debidamente recibidas y analizadas”, pero rechazó que correspondiera tratarlas en la audiencia convocada por la Comisión. Dijo: “Son situaciones que exceden el marco de una audiencia temática, que no es para ventilar casos particulares”.
“Este no es un ámbito contencioso ni es para investigar hechos. Las presentaciones no se corresponden con el objeto de una audiencia temática”, reprochó el funcionario, lo que fue respondido por varios comisionados participantes de la audiencia, entre ellos el presidente de la Comisión, José Luis Caballero; Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión; Edgar Stuardo Ralón, relator para Argentina; y la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panszi.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, los sindicatos SIPREBA y FATPREN, Amnistía Internacional Argentina, la Asociación de Reporteros Gráficos, el Foro de Periodismo Argentino, Poder Ciudadano y Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, periodistas, describieron las situaciones que, dijeron, comportan ataques directos a la libertad de expresión.
PEDIDO PARA QUE LA COMISIÓN VISITE ARGENTINA
Las partes solicitantes pidieron a la Comisión que haga una visita a la Argentina, para elaborar un informe sobre las condiciones que afrontan las y los periodistas y así intentar un diálogo y la institución de mecanismos que pongan fin a los ataques.
Durante las exposiciones fue recordada en varias ocasiones la declaración de Milei, «no odiamos lo suficiente a los periodistas», que fue secundada por ataques generalizados en redes digitales. También fueron mencionadas las múltiples acciones represivas durante protestas contra el gobierno que toman como blanco específico a trabajadores de medios y en especial el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 recibió un disparo en la cabeza, con consecuencias gravísimas de las que intenta recuperarse.
En el país, dijeron, hay un deterioro acelerado para ejercer la libertad de expresión, a raíz del hostigamiento digital estatal y paraestatal, causas penales emprendidas por autoridades y un discurso gubernamental de odio que es acompañado por seguidores organizados.
También denunciaron la restricción al acceso a la información pública y reclamaron expresamente, sobre este tema, la derogación del decreto 780.
Mengolini relató que fue víctima de videos falsos de contenido sexual y dijo que el gobierno usa su poder para “perseguir, humillar y silenciar”, en una campaña de hostilidad de la que Milei participó activamente. Advirtió, además, sobre la violencia específica que padecen las mujeres periodistas.
DECENAS DE PERIODISTAS SUFRIERON HERIDAS
La representación sindical, a cargo de SIPREBA y FATPREN, habló del ataque gubernamental persistente contra la libertad de expresión y mencionó 52 periodistas heridos en acciones represivas, el desmantelamiento de los medios públicos y el retiro de la publicidad estatal específicamente a los medios comunitarios y populares, todo lo cual redunda en “menos pluralidad, menos diversidad, menos libertad de expresión”.
La delegación de ARGRA hizo notar que las y los fotógrafos tienen que “equiparse como para ir a una zona de guerra” cuando cubren manifestaciones, porque la prensa es “un blanco del gobierno”. Amnistía Internacional Argentina detalló que los actos represivos oficiales causaron alrededor de 3 mil heridos, entre ellos 300 trabajadores de prensa.
Baños replicó que las denuncias no están bajo el parámetro de tutela del sistema interamericano y algunas, dijo, ni siquiera fueron presentados en el país, en tanto otras “ya fueron atendidas”, por lo que el examen en la audiencia “no corresponde”.
Dijo que el gobierno tiene disposición a mantener un diálogo pero agregó que debe ser en el “marco procedimental” del sistema interamericano.
El funcionario consideró también que en la Argentina “no existe restricción normativa, estructural o intencional para afectar la libertad de expresión», y, en cualquier caso, “la justicia actúa” ante las denuncias.
Sobre la represión a las manifestaciones y los ataques específicos a periodistas, pidió a la Comisión que tenga en cuenta la gran cantidad de protestas en espacios públicos que había hasta diciembre de 2023, lo que representaba una “violación flagrante de los derechos humanos de los habitantes”. A su juicio, solo ocurren “incidentes aislados”.
El comisionado Stuardo Ralón puntualizó que la audiencia está dentro de las previsiones del sistema interamericano y preguntó expresamente al representante oficial si “verdaderamente ocurre” que hay ataques directos del presidente a periodistas, pero en su respuesta posterior Baños eludió esta pregunta.
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DE ATAQUES
También Caballero defendió la legitimidad de la audiencia y los temas que trata, igual que el relator de Libertad de Expresión, Vaca, quien expresó su solidaridad con quienes sufren los ataques. Cuando un gobernante se expresa “lo hace desde una posición de poder, porque no es una voz cualquiera”, advirtió, y pidió cuidado con la creación de un “entorno permisivo que pueda generar agresiones” a periodistas.
Tras la intervención de las autoridades de la Comisión, la parte denunciante y el Estado tuvieron otro turno de intervención en el que ratificaron las posiciones ya expresadas, con el agregado de algunos detalles.
En ese tramo hubo un momento muy singular, cuando el subsecretario Baños le advirtió al relator Vaca que había notado sus gestos de asentimiento cuando eran explicadas las denuncias. Asimismo, negó que el gobierno tenga desplegado un sistema de vigilancia de las redes y de la conversación social, y desafió a los denunciantes a presentar evidencia en contrario.
Finalmente, Caballero pidió que Argentina se comprometa con su tradición de respeto a la libertad de expresión y expresó la disposición de la Comisión y de la Relatoría para realizar una visita al país.
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