La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina denunció que el gobierno impuso una serie de obstáculos para la cobertura periodística de las elecciones legislativas del 25 de octubre en el país, lo que representa –dijo- un ataque al derecho a informar y a la libertad de expresión.
La institución, que congrega a alrededor de 90 periodistas que se desempeñan en Argentina, mencionó la denegación de acreditaciones o su cancelación “sin justificación válida”, así como la imposibilidad de ingreso a lugares clave para su trabajo en la jornada electoral, como la sede central de La Libertad Avanza, el partido oficialista, que encabeza Javier Milei.
La Asociación pidió el sábado 25 de octubre, en la víspera de los comicios, que la autoridad electoral nacional, que en teoría es independiente del Poder Ejecutivo, intervenga para asegurar el derecho de las y los periodistas a realizar su trabajo.
“En las últimas horas, nuestros asociados -así como otros corresponsales no afiliados- han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor”, dice el comunicado, que a continuación las enumera.
Así, menciona “acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida” e “imposibilidad de ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno”.
Dice el comunicado: “Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad. Esto constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino, especialmente en el caso de medios televisivos y reporteros gráficos”.
“Resulta inaceptable que se recurra una vez más al argumento de ‘falta de espacio’, cuando en experiencias anteriores ha quedado demostrado que sí existe capacidad para albergar a seguidores, simpatizantes y familiares de los candidatos”, agrega.
La institución reclama la “inmediata reconsideración” de las medidas restrictivas y “la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera”.
A continuación apela a las autoridades electorales, “garantes de la transparencia del proceso, para que intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico”.
El gobierno de Milei recibe contínuamente reclamaciones y denuncias por todo tipo de restricciones a la libertad de expresión y al derecho a informar, por empezar por la represión de que son objeto expreso las y los periodistas, fotógrafos y camarógrafos que realizan coberturas de manifestaciones de protesta.
También impuso restricciones a las acreditaciones en sedes estatales, en primer lugar la Casa de Gobierno. Milei atacó personalmente a periodistas por sus opiniones, inclusive a algunos que pertenecen a medios de comunicación que expresan una postura editorial favorable a la mayoría de sus políticas.
Estas y otras situaciones causaron presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que convocó a las autoridades a audiencia en Estados Unidos, a mediados de noviembre, para que den las explicaciones del caso.