La precarización laboral, problemas de financiamiento e insuficiencias en la información pública son los problemas principales mencionados por 376 periodistas argentinos consultados para un estudio realizado por el Centro Knight para el Periodismo de las Américas, una organización que funciona en la órbita de la Universidad de Texas, Estados Unidos.
Los resultados del trabajo están contenidos en el libro “Los mundos del periodismo: seguridad, autonomía profesional y resiliencia entre periodistas en América Latina”, que está disponible en español, inglés y portugués, y que se basa en la consulta a 4 mil periodistas de 11 países entre 2021 y 2024.
La investigación abarca a trabajadoras y trabajadores del sector de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Venezuela. Una de las características comunes descriptas por el Centro Knight es la precariedad laboral.
El caso específico de Argentina es relatado en el libro en un texto a cargo de Adriana Amado, de la Universidad Camilo José Cela, casa de estudios privada con sede en España.
“En lo que va del siglo, el desarrollo de medios fue una política que recibió especial fomento estatal que coloca a Argentina como el país con más medios de la región. Un relevamiento de las publicaciones académicas que reportan los medios de 19 países de Latinoamérica encontró que Argentina concentra el 27% de los 2904 identificados y el 42% del espectro radiofónico latinoamericano”, comienza la nota de Amado.
También expresa que “no existe en Argentina un censo de periodistas ni datos económicos de la profesión porque ni siquiera existe una categoría impositiva exclusiva para el periodismo que permita dimensionar la cantidad de profesionales en ejercicio”.
Asimismo, detalla que de las 376 personas encuestadas, 42 por ciento son mujeres y 58 por ciento varones, bajo la consideración de “periodista profesional” a quienes tienen la actividad como su ingreso principal. A la vez, hay “numerosos casos” de mujeres y, en general, de personas jóvenes, que desarrollan “formas alternativas de ejercicio”.
INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL
El texto sostiene que “la ausencia de encuadres legales y profesionales facilitó el crecimiento de formatos de precariedad laboral”. Según Amado, “la jornada laboral de 36 horas semanales (Art. 34, Ley 12908) viene de una regulación de 1946 de improbable cumplimiento en una economía en recesión, con una inflación anual de más de doscientos por ciento para el año 2023”.
Luego sostiene: “Incluso entre los contratos permanentes (44% de la muestra) es difícil cumplir ese máximo, dado que el pluriempleo y las jornadas extendidas son práctica corriente. Entre los periodistas de la muestra, un 69% tiene algún tipo de contrato estable y 50% de tiempo completo. Que una minoría (37%) participe en asociaciones profesionales o gremiales muestra por qué es difícil que se cumplan salarios o los horarios estipulados por convenio”.
También menciona el pluriempleo y define como “muy corriente” que un o una periodista “trabaje en varios medios”, o que combine un trabajo con un salario fijo con la producción de un medio propio o tareas bajo subcontratación.
La autora opina que “si el periodismo argentino ofrece un caso de interés es porque se ha configurado sin un marco legal ni un encuadre impositivo. Esta baja institucionalidad es consecuencia de la poca presencia de asociaciones profesionales y gremiales, y la falta de marcos éticos”.
Quienes participaron de la encuesta debieron describir factores determinantes para su trabajo. Bajo el modelo de respuesta múltiple, los rubros más mencionados, en orden de importancia, son “ética periodística”, “acceso a la información”, “límites de tiempo”, “valores y creencias personales”, “política editorial” y “recursos para la recopilación de noticias”.
Entre los rubros ofrecidos en la encuesta no figuran restricciones y medidas represivas que desplegó frecuentemente el gobierno que asumió en diciembre de 2023. Esta política involucra al acceso a la información, la presencia en dependencias públicas y los ataques expresamente dirigidos contra trabajadores y trabajadoras de la comunicación durante la cobertura de acciones de protesta, como manifestaciones, lo que está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CONDICIONES PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
Por el contrario, en el conjunto, “la autopercepción de autonomía editorial para informar es alta, tanto en la selección de historias (61% declara tener mucha o total libertad) como en la decisión de aspectos por enfatizar (65% declara mucha o total libertad), aunque perciban menos libertad del medio (41%)”, escribe Amado.
Agrega que “la principal preocupación relacionada con la seguridad se relaciona con los aspectos financieros y laborales, que repercuten en el equilibrio mental y emocional. Históricamente Argentina no tuvo casos de gravedad en cuanto a amenazas físicas, por lo que es el aspecto menos mencionado. La principal amenaza que declaran es la descalificación y los insultos personales (58% con frecuencia y ‘a veces’) y cuestionamiento a los principios morales (39%)”.
En sus conclusiones, la nota dice que “el periodismo de Argentina plantea condiciones particulares, tales como restricciones en el acceso a información pública, falta de datos públicos y una fuerte dependencia de los medios del financiamiento estatal, comunes a otros países de la región”.
Asimismo, Amado opina: “El caso del periodismo argentino es elocuente de un sistema que, en nombre del pluralismo de medios en competencia con los medios comerciales, configuró un esquema de periodismo cuentapropista con serias dificultades de sustentabilidad”.