El gobierno estadounidense impuso más limitaciones para el desempeño periodístico en la Casa Blanca, al restingir el acceso de periodistas a la oficina de la secretaria de Prensa y de otros funcionarios, en línea con acciones similares que semanas atrás fueron adoptadas en el Pentágono, lo que motivó el retiro de representantes de alrededor de 30 medios.
Las restricciones son aplicadas desde comienzos de noviembre en la sala 140 del ala oeste del edificio, nombrada también “sala de prensa superior”, en el sector donde tiene su oficina la secretaria de Prensa, Karoline Leavit.
La resolución anunciada por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca expresó que esta restricción tiene el objetivo de “proteger material potencialmente sensible que manejan a diario los responsables de comunicación”.
Las y los periodistas que tienen acreditación, un recurso que el gobierno de Trump también administra de manera restrictiva, según se trate de medios a los que considera amigos o adversarios, podían hasta ahora acceder a la sala sin pedir permiso previamente, aunque se daba por sobreentendido que su paso por el lugar debía ser breve.
“Funcionarios de alto nivel suelen celebrar reuniones privadas en nuestra oficina, pero son interceptados por reportes que esperan fuera de la puerta”, se quejó uno de los empleados a órdenes de Leavit.
También habló del “riesgo” de acceso a material “confidencial” y vinculado con la “seguridad”, uno de los argumentos más usados por los gobiernos estadounidenses cuando toman medidas destinadas a restringir las libertades, como lo hacen en aras de la “guerra contra el terrorismo”.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca expresó que “se opone explícitamente a cualquier medida que restrinja el acceso de los periodistas a las áreas de comunicación que están habitualmente abiertas a los medios, incluida la oficina del secretario de Prensa”.
Las limitaciones a la libertad de expresión por parte del presidente ultraderechista son objeto de denuncias frecuentes e incluso motivaron una demanda de tres sindicatos, Trabajadores del Automóvil Unidos, Trabajadores de Comunicaciones de América y la Federación Americana de Profesores.
Esas organizaciones acusaron al gobierno de usar sistemas de vigilancia para descubrir a opositores y atentar así contra la libertad de expresión.
Se trata de una “vigilancia ideológica” sobre las cuentas digitales de las y los trabajadores, en especial inmigrantes en situación totalmente regularizada, expresó la demanda presentada en Nueva York semanas atrás.
La demanda explicó que “usando inteligencia artificial y otras tecnologías de automatización, el programa vigila las cuentas de redes sociales de personas con visados, para identificar y castigar a los que expresan opiniones que al gobierno no le gustan”. Entre otras medidas que Trump tomó contra la libertad de expresión y el acceso a la información figura la cancelación de permisos de permanencia en la Casa Blanca a periodistas de las agencias Reuters, AP y Bloomberg, a quienes da permisos ocasionales, para algunas actividades.
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