Niñez y dispositivos: una crítica a la prohibición

El drama social y cultural que expresa el uso de los dispositivos móviles de modo perjudicial para la salud mental y física, en el plano individual y en el colectivo, es enfrentado de manera creciente en el mundo con iniciativas que intentan la restricción o prohibición exclusivamente para niñas, niños y adolescentes, en medio de un sistema que los vuelve obligatorios para el diario transcurrir de la vida.

En otras palabras, el mismo sistema –obviamente impuesto por las y los adultos- que hace que cualquier paisaje humano tenga actualmente la proliferación de dispositivos en la mano de las personas, a toda hora y en cualquier lugar, quiere ahora que chicas y chicos prescinda de ellos, al menos parcialmente.

Este mensaje rebosante de cinismo es enloquecedor para chicas y chicos, que están frente a un mundo adulto que rara vez resigna la conexión permanente, el uso de los móviles para trabajar, comprar, viajar, pagar las cuentas y estudiar, y para los intercambios familiares, amorosos y amistosos y, claro, para retratarse y “postear” sobre cualquier actividad o anécdota personal, en su simulación de existencia social.

APOYO A LA PROHIBICIÓN EN AUSTRALIA

Se levantó un aplauso entusiasta para prohibiciones en las escuelas y para decisiones como las del gobierno de Australia, que puso en vigencia en diciembre la disposición para que chicas y chicos no puedan tener cuentas en redes digitales y plataformas. Es un apoyo alegre que incluye a comunicadores y comunicadoras que, por caso, aparecen en las pantallas de su programa con el dispositivo en la mano, o no pueden dejar de mirarlo mientras están en un debate o panel, aunque –obviamente- se escudan en la coartada de que eso es imprescindible para su trabajo.

Esta sociedad que en todas sus escalas y niveles está dirigida por personas adultas se desliga así de responsabilidades sobre su propia adicción y sobre la que padecen niñas, niños y adolescentes, que son víctimas de este problema complejo por obra de un entorno que les impone el consumo digital, ya que no es una elección libre ni natural: que se sepa, ningún niño o niña salió del vientre materno con el dispositivo en la mano, ni ningún niño o niña ni adolescente temprano va por su cuenta a la tienda del barrio a comprar el bendito móvil.

Se podrá alegar que las y los adultos se permiten consumos perjudiciales porque cuentan con la madurez necesaria para “controlarse” y la sabiduría para determinar lo que se vuelve insano para sí mismos y para personas en formación. Si así fuera –y eludiendo aquí el debate sobre la debilidad casi risueña de tales suposiciones-, lo primero que el mundo de la adultez debiera ofrecer a chicos y chicas es un entorno social que pueda desarrollarse, relacionarse, producir y estudiar, en suma, vivir, sin los dispositivos permanentemente en la mano. Pero ya sabemos que las corporaciones que digitalizan la existencia, que es una de las actividades económicas actualmente más rentables en el mundo, no lo permitirán.

Así lo confiesan sin querer los gobiernos prohibicionistas como el de Australia. Si un niño camina por una calle de Sidney y un adulto lo somete a un peligro o le hace una oferta indecorosa o peligrosa, la familia, la comunidad y el Estado tienen recursos para impedirlo. Pero si un adulto, o una organización de adultos, o una empresa propiedad de adultos, como una red digital, hace lo mismo, el impedimento lo tiene que concretar la propia corporación que maneja la red, porque el Estado australiano, y todos los otros, carece de instrumentos para lograrlo. En todo caso habrá una multa millonaria, cuando el daño ya estará hecho.

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL

Entra en la enumeración, entre otros, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también prohibicionista, con restricciones en las aulas luego aplaudidas por supuestas mejoras de aprendizaje según informes que publicaron en portada, con idéntico sentido, Clarín y La Nación, más cerca del mensaje publicitario –o publinota, como se dice en la jerga- que de la información periodística, vaya uno a saber a qué costo.

De cinismo se trata: el gobierno de Macri organizó en diciembre un encuentro para discutir sobre “protección digital” de chicas y chicos, pero en las escuelas a su cargo no se hacen talleres, ni encuentros, ni actividad alguna respecto de la educación digital o, como se la llama técnicamente, alfabetización mediática e informacional. Mucho menos capacita a las y los docentes, a quienes quiere controlar con instrumentos de alto costo, como la huella digital de ingreso y egreso.

Se trata del mismo gobierno que no invierte en educación, pues no lleva un ritmo mínimamente aceptable de construcción y renovación edilicia de escuelas y que, a contramano de la necesidad de liberarse de los dispositivos y pantallas, impone un régimen de inscripción que funciona solo en línea, que obliga a las familias a inscribir digitalmente a ciegas a sus hijos e hijas y que luego adjudica vacantes con la malicia expresa de saturar algunas aulas y dejar semivacías otras, es decir el paso previo para cerrarlas y reducir la oferta y el “gasto”.

En suma, este tipo de acciones gubernamentales parece antes que nada una salida simplista, destinada a contentar al electorado, mientras se evita la responsabilidad de fondo: educar, desarrollar las capacidades para que haya diálogo efectivo con chicas y chicos y con ello la posibilidad de afrontar este consumo abusivo, y eso siempre que las y los adultos también asuman que tienen un problemita con los dispositivos, corrijan sus propias conductas y ofrezcan un mundo en el que la conectividad no sea la única forma de vivir y de creer en una identidad y una pertenencia.

Las restricciones, además, deben ser pasadas por el prisma de la Observación 25 de las Naciones Unidas. Cierto es que las observaciones no tienen la fuerza de un tratado, que son de cumplimiento obligatorio, pero expresan recomendaciones adoptadas por el organismo que congrega a todas las naciones, después de una exploración extensa por gran cantidad de países.

La Observación 25 dice que todos los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, incluidos la libertad de expresión, informar e informarse, opinar y recibir opiniones plurales, relacionarse, participar y entretenerse, deben ser cumplidas en el ambiente digital.

Así que, en aras de la buena salud mental y física, o de objetivos educativos, no pueden adoptarse medidas que causen  el cercenamiento de esos derechos. Al menos hay que hacer un esfuerzo por ofrecer alternativas, posibilidades que no pasen por la digitalización. Las y los adultos deberíamos proponer algo mejor que la prohibición, algo más inteligente y de verdad constructivo, y eso incluye empezar por nosotros mismos y los tiempos, las circunstancias, los momentos, los ambientes en que tenemos al dispositivo como el elemento más fusionado a nuestra existencia, incluso más que las chicas y los chicos.