La Argentina padece “una ofensiva coordinada y sostenida contra el pluralismo informativo”, cometida por el gobierno nacional, con ataques directos a periodistas en espacios públicos, como sucede durante la represión a las protestas, y también con acciones judiciales y campañas de hostilidad, denuncia un informe sobre libertad de expresión presentado en Buenos Aires.
El estudio, que es cuantitativo y cualitativo, hace notar la “continuidad del retroceso en materia de derechos comunicacionales y un deterioro sostenido de las condiciones del debate público a partir de la intervención de actores estatales y paraestatales con mecanismos de hostigamiento, censura y disciplinamiento sobre periodistas, comunicadores, docentes, artistas, activistas y cualquier persona que tome la palabra pública” para expresar una postura crítica al oficialismo.
El informe fue elaborado por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), con dirección a cargo de Diego de Charras, Larisa Kejval, Carla Gaudensi y Augustín Lecchi.
En 2025, dice el trabajo, “se consolidó una política estatal orientada a restringir sistemáticamente el derecho a la protesta y la libertad de expresión, así como la búsqueda y la difusión de información por parte de periodistas profesionales”.
REPRESIÓN A LAS PROTESTAS
El contexto para el trabajo periodístico es el de la represión violenta a las protestas, que causó 1.251 personas heridas apenas en el primer semestre de 2025. Casi el 15 por ciento de ellas, 179, fueron trabajadores y trabajadoras de medios, con el caso especialmente grave del reportero gráfico Pablo Grillo, el 12 de marzo, que recibió un disparo en la cabeza.
El gobierno, prosigue el estudio, cerró apresuradamente el sumario administrativo contra el gendarme responsable del ataque, a pesar de estar abierta la causa penal.
Pero además, el trabajo constató “la consolidación y agravamiento del uso de herramientas judiciales y administrativas” para impedir la libertad de expresión, con “denuncias penales y civiles contra periodistas” y otros ciudadanos, entre numerosas acciones con la misma finalidad.
“Particularmente grave fue el caso de censura judicial y hostigamiento contra periodistas que difundieron investigaciones sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como la judicialización de la crítica política en el marco de las iniciativas presidenciales contra comunicadores y comunicadoras como Ari Lijalad, Carlos Pagni, Viviana Canosa, Nicolás Lantos, Julia Mengolini, Fabián Doman, Jorge Rial y Mauro Federico”, enumera.
MÁS CONCENTRACIÓN DE MEDIOS
El estudio sostiene que el gobierno de Javier Milei adoptó medidas de re-regulación (presentadas habitualmente en el relato oficial como “desregulación”) que junto a otras normas causaron “un proceso acelerado de aumento de la ya preocupante concentración en la propiedad de los medios, debilitamiento del marco legal de protección del pluralismo y una transformación regresiva del ecosistema audiovisual”.
Es que se eliminaron, explica, restricciones a la multiplicidad de licencias y obligaciones de contenido local o federal, “mientras las empresas estatales de medios fueron convertidas en sociedades anónimas y puestas en proceso de vaciamiento funcional”, con reducción de capacidades y eliminación de sus “misiones públicas esenciales”.
También describe la desarticulación de las instituciones públicas que tienen la obligación de propiciar condiciones para el pluralismo informativo, como el Ente Nacional de Comunicaciones, que sucedió a la AFSCA por decreto de Mauricio Macri, y que “permanece intervenido y sin controles parlamentarios ni políticas activas de fomento”, sin embargo previstas en las normas vigentes, con sus fuentes de financiamiento, para medios populares, comunitarios, campesinos y de pueblos originarios.
A su vez, la Defensoría del Público, que depende del Congreso, “fue intervenida de manera irregular y prácticamente desmantelada”, mientras los medios públicos son sometidos a vaciamiento.
El trabajo también menciona el manejo discrecional de la publicidad estatal, más allá de la anunciada suspensión de la “pauta oficial” adoptada con el propósito supuesto de reducir el gasto público.
A la vez, “se profundizó la opacidad en el acceso a la información pública, junto a una expansión inédita de inteligencia y ciberpatrullaje estatal sobre redes y medios”, en un marco de “creciente vigilancia y criminalizaicón del disenso”.
Todas estas acciones gubernamentales, recuerda el informe, fueron descriptas a mediados de noviembre durante la audiencia convocada en Estados Unidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El informe completo desarrolla detalladamente, en sus apartados, cada uno de los hechos descriptos.
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