Una Corte de Apelaciones estadounidense con dos de tres jueces nombrados por Donald Trump parece encaminada a avalar la decisión presidencial de prohibir a algunos medios que no son de su preferencia la cobertura de actividades oficiales en ámbitos específicos, como la oficina oval de la Casa Blanca, en un litigio abierto por la agencia The Associated Press (AP).
La controversia se debe a que Trump decidió excluir a esa agencia de coberturas en su oficina, en el avión oficial y otros recintos, resolución que motivó una demanda ante la cual un juez federal de primera instancia falló que la medida presidencial constituye una represalia por las líneas editoriales de la AP.
La acción presidencial pareció deberse a que continúa usando el enunciado Golfo de México, diferenciándose de la decisión de Trump, que pretende imponer la denominación Golfo de América a la cuenca oceánica que abarca las costas de su país, México y Cuba. Así lo sostiene el manual de estilo de AP, que sin embargo aconseja mencionar la preferencia del presidente.
Tras el fallo en primera instancia, el litigio pasó al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que revirtió el fallo inicial y dejó en vigencia la medida presidencial. El lunes 24 de noviembre escuchó alegatos de las partes.
El equipo de la Casa Blanca reiteró sus argumentos: el presidente tiene derecho a decidir quiénes ingresan y quiénes no a espacios “reducidos” como su oficina. AP informó en un despacho publicado en numerosos medios que su abogado, Charles Tobin, alegó que su representada sufre un perjuicio directo al no poder cubrir actividades como las entrevistas de Trump, días atrás, con funcionarios extranjeros y con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mandami.
PERJUICIOS PARA LA AP
La exclusión perjudica a la agencia en tanto no puede dar el servicio que contrataron miles de clientes para informarse de acontecimientos de gran relevancia, agregó.
La parte gubernamental respondió que “ difícilmente es cupla del gobierno el grado en que la AP construyó un modelo de negocio que dependía de la suposición de que mantendría a perpetuidad este estatus de privilegio”.
Es una batalla “cuesta arriba”, evaluó el despacho de la AP, porque dos de los tres jueces actuantes, Gregory Katsas y Neomi Rao, fueron designados por Trump. En la audiencia, continuó el informe, Rao preguntó al representante de la agencia: “Eventualmente, necesitarías una orden judicial contra el presidente para que esto funcione, ¿no?”. A ese comentario, AP agregó que “es extremadamente inusual que un juez emita una orden judicial contra un presidente”.
La fiscalía general, que actúa a favor del gobierno, argumentó en línea con Trump por medio del asistente Yaakov Roth, cuando dijo: “Nadie va a venir aquí y decir que el presidente tiene que invitar a igual número de republicanos y demócratas a la fiesta de Navidad de la Casa Blanca”.
El tercer juez del panel que intervino en la audiencia, Robert Wilkins, designado en su tiempo por Barack Obama, replicó a esta afirmación preguntando si el gobierno podría entonces prohibir a un grupo de ciudadanos de Kansas que haya comprado boletos que recorra la Casa Blanca tras descubrir que algunos de ellos expresan críticas hacia Trump.
INCUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA ENMIENDA
La editora de AP Julie Pace escribió un artículo de opinión en el que advirtió que “permitir que el gobierno controle qué periodistas pueden cubrir la oficina más importante del país y establecer reglas sobre lo que esos periodistas pueden decir o escribir es un intento directo por socavar la Primera Enmienda”.
La confrontación de Trump con medios periodísticos que no son de su gusto tiene numerosos capítulos. A comienzos de noviembre impuso más limitaciones en la Casa Blanca, al restingir el acceso de periodistas a la oficina de la secretaria de Prensa y de otros funcionarios, en línea con acciones similares que semanas atrás habían sido adoptadas en el Pentágono, lo que motivó el retiro de representantes de alrededor de 30 medios.
Las restricciones son aplicadas desde comienzos de noviembre en la sala 140 del ala oeste del edificio, nombrada también “sala de prensa superior”, en el sector donde tiene su oficina la secretaria de Prensa, Karoline Leavit.
La resolución anunciada por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca expresó que esta restricción tiene el objetivo de “proteger material potencialmente sensible que manejan a diario los responsables de comunicación”.
LA AP, TRUMP Y VENEZUELA
No hay elementos para afirmar, con adhesión a los hechos, que AP sea una agencia de línea opositora u oficialista. Se pueden hallar contenidos que expresan apoyo directo a decisiones y hasta el lenguaje del presidente Trump y su gobierno.
El 12 de noviembre, el diario argentino La Nación publicó en portada un despacho de AP que decía que Trump “parecía cerrar ayer el cerco contra los carteles de la droga y la dictadura de Nicolás Maduro”. El texto contiene una adhesión editorial directa a las posiciones oficiales, como dar por cierto que el despliegue militar en el Caribe tiene la finalidad de luchar contra “los carteles de la droga”, y no que se deba por ejemplo a una acción geopolítica expansiva o que el objetivo real sea el petróleo venezolano.
La calificación “dictadura de Nicolás Maduro” es también un acompañamiento acrítico al relato de Trump, ya que no contempla equidistancia entre las posiciones contrastantes que hay al respecto.