Más de veinte fiscales generales de Estados Unidos salieron al paso de una acción de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que busca limitar la autoridad de los Estados para adoptar medidas de regulación de la inteligencia artificial, con el argumento de que esas normas pueden representar obstáculos para el desarrollo de la actividad.
La Comisión abrió un “procedimiento de consulta”, que es un paso previo a una posible medida federal favorable a las corporaciones que explotan el negocio de la IA.
Frente a esa iniciativa, difundieron una carta pública en defensa de las potestades de los Estados los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Utah, Vermont, Washington y Wisconsin, entre otros.
El texto expresa que la medida que quiera adoptar la Comisión no debe “desplazar ni limitar” el derecho de los Estados a adoptar sus normas, por estrictas que sean, “si así lo consideran necesario para proteger a la ciudadanía”.
El federalismo, sostienen, da legalidad a los procedimientos de regulación que los Estados resuelvan adoptar. También advierten que la innovación en tecnología surge frecuentemente a nivel local.
Sobre el procedimiento de consulta, los procuradores consideran que la Comisión no definió con precisión lo que se entiende por inteligencia artificial y el impacto que ella pueda tener en el conjunto de medidas que aplican los Estados en todos los niveles. La denominación “inteligencia artificial” que emplea la institución federal es “demasiado amplia” y existe el riesgo de abarcar tecnologías y actividades que no están relacionadas directamente con comunicaciones o telecomunicaciones, que son competencia de la FCC.
Así, los fiscales generales se oponen a una anulación automática a nombre de una disposición federal, aún en el caso de que las normas locales puedan relacionarse indirectamente con las actividades que controla la Comisión. Por lo tanto, la carta reclama que la FCC y los Estados trabajen en conjunto, en un esquema que llaman “federalismo cooperativo”.
El procedimiento de consulta que abrió la FCC se debió a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para bloquear las leyes estatales. Varios de los propietarios de las corporaciones mundiales que explotan el negocio tecnológico son aliados estrechos del jefe de la Casa Blanca, quien en su disposición ataca a lo que llama “ideología de izquierda” que, expresó, busca impedir la “innovación”.
Para esta defensa de los intereses corporativos, Trump se ampara en que las normas pueden afectar la “competitividad” de las compañías estadounidenses frente a China.