El aumento de la cantidad de periodistas víctimas de asesinato, y también de los ataques físicos, digitales y judiciales –como los que ocurren en la Argentina- que sufren, fue expuesto en un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que abarca el período 2022-2025, durante el cual se verificó además un incremento de la autocensura.
Frente a esta situación, la organización intergubernamental exhora a sus miembros a comprometerse en la promoción de la actividad periodística, incluso con inversiones, generar transparencia en el ambiente digital e impulsar la alfabetización respecto de la información, es decir adoptar medidas para que la ciudadanía pueda ejercer una recepción crítica de contenidos, tanto de los medios convencionales como las redes digitales (redes sociales).
Entre 2022 y 2025, dice la UNESCO, al menos 186 periodistas fueron asesinados mientras cubrían guerras o se desempeñaban en zonas de conflicto, lo que representa un aumento de 67 por ciento en comparación con el informe precedente (2018-2021). Específicamente en 2025, agrega, 93 periodistas fueron asesinados, 60 de ellos y ellas en zonas de conflicto.
En cuanto al retroceso de la libertad de expresión, la organización la cuantificó en 10 por ciento, basándose en una serie de indicadores elaborados según aportes de personas consideradas “expertas” en el tema y de fuentes académicas e institucionales.
INCREMENTO DE LA AUTOCENSURA
En el período estudiado, además, la autocensura alcanza a 63 por ciento de las y los periodistas, con una tasa de crecimiento anual de 5 por ciento.
Es que quienes desarrollan la actividad “sufren ataques crecientes y de diversa índole”, como físicos, digitales y legales, y también amenazas que en algunos casos “los obligan a huir de sus hogares”.
Esto afecta especialmente a quienes se dedican a la cobertura de temas vinculados con el ambiente, aspecto en el que la UNESCO da cuenta de 749 ataques específicos entre 2009 y 2023, lo que se vincula con los intereses multimillonarios en juego en el caso de extracción de recursos naturales y las comunidades que luchan contra ello.
El informe cita también un estudio del Centro Internacional de Periodistas, hecho en colaboración con la UNESCO y con ONU Mujeres, según el cual el 75 por ciento de trabajadoras de la comunicación sufrieron violencia en línea durante 2025, frente a 73 por ciento en 2020.
En este contexto adverso, menciona “tendencias positivas”, como el aumento de colaboración para investigaciones transfronterizas, y más acceso al ambiente digital, lo cual –según opinión de la UNESCO- “amplía las oportunidades de participación cívica en todo el mundo”.
Destaca como positivo que “las leyes que reconocen a los medios comunitarios están aumentando a nivel mundial, ayudando a salvaguardar una fuente vital de información local fiable”. Esta es una tendencia contraria a la que está en curso en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei incumple la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prevé mecanismos específicos de estímulo para la existencia y desarrollo de ese tipo de medios.
La agencia de la ONU insta a los Estados a “proteger e invertir en periodismo para promover sociedades pacíficas”, a actuar para apoyar la transparencia en el ambiente digital y a impulsar la alfabetización sobre la información que proporcionan los medios de comunicación.
Sobre esto, dice que es necesario “enseñar a los ciudadanos a ser críticos con la información y a navegar con seguridad” en las plataformas digitales, para lograr “mayor confianza en el ecosistema de información actual”.