Periodistas de numerosos medios de comunicación sumaron sus firmas en defensa del Estatuto del Periodista (Ley 12.908), que establece derechos esenciales para la actividad, y cuya derogación está prevista en el proyecto de regresión laboral que el gobierno de Javier Milei se propone tratar en el Congreso a partir de febrero.
“El Estatuto protege la libertad de expresión y el derecho a la información” y el proyecto oficialista busca suprimirlo, advierte la convocatoria a firmar el documento de rechazo, y que hasta la primera semana de enero había conseguido más de 2.500 adhesiones.
“Debatir para modernizar no es eliminar”, agrega, en referencia a la denominación de la iniciativa oficial, “modernización laboral”.
La derogación del Estatuto del Periodista es un viejo proyecto de los empresarios dueños de medios de comunicación, al que le dan más impulso durante los gobiernos conservadores. Ahora encontraron eco en el régimen ultraderechista de Javier Milei, pese a las aparentes disputas y presuntas diferencias entre el oficialismo y algunos de los medios más poderosos del país.
El rechazo a la derogación del Estatuto incluye la adhesión de periodistas que trabajan en medios que en líneas generales son muy favorables al gobierno, pues se identifican con el modelo económico de Milei y apoyan especialmente el proyecto de regresión laboral.
“No hay libertad de prensa sin los y las periodistas libres, y no hay periodistas libres sin instrumentos legales que los y las protejan. Esa idea, tan simple como incómoda para algunos, es la que hoy está en juego cuando se pretende eliminar el Estatuto del Periodista Profesional”, expresaron en un artículo conjunto Damián Loreti, profesor de Derecho a la Comunicación de la UBA, y Rosaura Audi, periodista, ex subsecretaria de Medios Públicos de la Nación.
ELIMINAR DERECHOS NO ES «MODERNIZACIÓN»
En esa nota en Tiempo Argentino, advirtieron que “la pregunta no es si el Estatuto envejeció sino si, en un contexto atravesado por algoritmos, altos niveles de desinformación, prácticas de manipulación y una precarización cada vez más profunda, los legisladores argentinos están dispuestos a privar a los periodistas y al pueblo de la Nación de ciertas garantías mínimas que aún así lo hacen posible”.
El texto enumera algunos de los derechos esenciales para la actividad definidos en el Estatuto y recuerda que establece que “la libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalienables”.
“También prevé que en algún momento los colaboradores sean empleados y no externos, lo que significa que las empresas periodísticas deben proveer su defensa, lo que en épocas de vuelta a las querellas penales y juicios civiles por las cosas que se publican, no es poca cosa”, explican Loreti y Audi.
Más adelante expresan que “defender el Estatuto no implica desconocer los cambios profundos que atraviesa la profesión”, ya que “hay una deuda referida a la discusión del periodismo en el entorno digital, que avanza velozmente. La innovación digital, las plataformas y las prácticas de moderación que en más de una vez arrasan con la libertad de publicar, los algoritmos y la inteligencia artificial, la reproducción infinita de notas o imágenes han transformado rutinas, formatos y modelos de negocio y eso debe ser parte de los convenios colectivos de trabajo. Pero nada de eso se resuelve suprimiendo derechos”.
El formulario para adherir a la declaración pública que se pronuncia contra la derogación del Estatuto está disponible en este enlace.
Perdón por lo autorreferencial, pero en mi trayecto periodístico coseché tres despidos y un retiro voluntario. Las cláusulas indemnizatorias del Estatuto me permitieron zafar de la inanición, por citar lo más relevante en materia de protección de derechos del trabajador de prensa.
Muchas gracias por el aporte.