La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), sus sindicatos de base y otras organizaciones e instituciones mantienen gestiones intensas para su propósito de impedir que entre en vigencia, el primero de enero de 2027, la derogación del Estatuto del Periodista, ley 12.908, que es central para el desempeño de la actividad, la libertad de expresión y el derecho a la información.
Las gestiones principales se centran en el Congreso después de que el Senado aprobó con 48 votos, frente a 20 negativos, la moción de preferencia del senador opositor Mariano Recalde, que obliga a esa cámara a tratar el proyecto de prorrogar por un año la vigencia del Estatuto.
Esa decisión puede llevar a que se reúna la Comisión de Trabajo para tratar el tema o bien a que el proyecto ingrese directamente a la sesión plenaria del 26 de noviembre, ya que la propuesta fue aprobada por mayoría especial de dos tercios, declaró a La Comunicación Hace Clic Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
El dirigente explicó que los tiempos parlamentarios disponibles son muy exiguos, ya que es una iniciativa adoptada en el período ordinario de sesiones, que concluye el 30 de noviembre.
Si la propuesta de prórroga es aprobada por el plenario de la Cámara alta, debe pasar luego a Diputados.
LA DEROGACIÓN, VIEJO ANHELO EMPRESARIAL
La derogación del Estatuto del Periodista está prevista en el artículo 197 de la ley 27.802, de reducción generalizada y eliminación de derechos laborales. Esta norma, que el lenguaje oficialista llama «reforma laboral» y “modernización laboral”, fue impulsada por el mileismo y sus aliados conservadores.
El Estatuto establece el régimen laboral de las y los periodistas, con un tope semanal de horas y con disposiciones específicas destinadas a asegurar lo máximo posible la estabilidad, con indemnizaciones especiales para los casos de despido.
El espíritu del conjunto de la ley, sancionada en 1946, es dotar de estabilidad a las y los periodistas, que tengan la máxima autonomía para su trabajo y que puedan desplegar su derecho a informar y a opinar por encima de las presiones de sectores económicos y políticos, como sus propios patrones.
La derogación es un viejo anhelo de la mayoría de las empresas periodísticas del país. Además, en particular los grupos de medios más poderosos, como Clarín y La Nación, llevan una línea editorial ampliamente favorable a la ley de reducción de derechos laborales.
APOYO NACIONAL E INTERNACIONAL
La FATPREN expresó que la aprobación de la preferencia en el Senado “es fruto de la organización y del trabajo conjunto” de esa federación y sindicatos de todo el país, así como de organizaciones internacionales.
“Somos conscientes de que el tiempo apremia y de que las empresas, en lugar de proteger la libertad de expresión, realizan una intensa campaña en contra del Estatuto”, agregó.
El reclamo contra la derogación cuenta con el respaldo de numerosas instituciones, entre ellas la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación de Reporteros Gráficos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social y la Red de Carreras de Comunicación Social.
A comienzos de noviembre, la Federación Internacional de Periodistas reiteró que la derogación del Estatuto “amenaza con generar un peligroso vacío legal que dejará a las y los trabajadores de prensa sin protección frente a las presiones empresariales y políticas”.
Insistió en que la norma “constituye la herramienta de protección de los derechos laborales, la dignidad profesional y la autonomía editorial de los comunicadores”.

