El Relator de Naciones Unidas sobre la Verdad, la Justicia, las Reparaciones y las Garantías de No Repetición, Bernard Duhaime, reclamó a los gobiernos que adopten regulaciones basadas en el respeto a los derechos humanos que se apliquen a las empresas que explotan el negocio de las redes y plataformas digitales, así como el de la inteligencia artificial.
Se trata de una necesidad especialmente notable en países y regiones que están en etapa de transición, tras períodos de alta conflictividad y privación de derechos a la ciudadanía, advirtió al presentar a la Asamblea General un informe sobre el impacto de las tecnologías en la llamada justicia transicional.
Los desarrollos tecnológicos pueden desempeñar un papel positivo para la justicia transicional, «entre ellos la información de código abierto para las investigaciones y la búsqueda de la verdad, herramientas biométricas y forenses para reforzar la justicia y la rendición de cuentas, grandes modelos lingüísticos para detectar patrones de abuso, así como el cifrado para permitir la participación de víctimas y testigos en los procedimientos judiciales», explicó.
VIGILANCIA Y DISCURSOS DE ODIO
Duhaime, profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá, advirtió a la vez sobre actividades negativas y perjudiciales para la población.
En efecto, dijo en el informe, «el despliegue de tecnologías en contextos de transición —a menudo caracterizados por la inestabilidad, el trauma generalizado, la debilidad de las instituciones y comunidades con frecuencia polarizadas— presenta riesgos y limitaciones inherentes. Desde las disparidades en la alfabetización digital hasta la vigilancia en línea, pasando por la desinformación y el discurso de odio amplificados por los algoritmos».
El enfoque que propuso, y cuya adopción reclamó a los gobiernos, es el de la actividad asentada en el respeto a los derechos humanos.
«Simplemente no existe una solución tecnológica para abordar las causas profundas de la violencia y la represión, ni para la dolorosa labor que requiere la reconciliación tras un conflicto. Superar el trauma, aprender a convivir con antiguos adversarios y restablecer la confianza en las instituciones cívicas y los líderes son procesos a largo plazo, difíciles y fundamentalmente humanos que la tecnología puede facilitar, pero nunca sustituir por completo», explicó.
Así, «las nuevas tecnologías deben considerarse una herramienta para las víctimas y los profesionales, pero nunca una solución en sí misma».
Por ello, insistió, los gobiernos deben actuar para que las empresas tecnológicas asuman responsabilidades en materia de derechos humanos. Asimismo, recomendó que investigadores, fiscales y jueces sean formados para la recopilación y evaluación de pruebas digitales.
El Relator pidió también más iniciativas gubernamentales en alfabetización digital en «entornos de transición» y que los países adopten leyes «sólidas» de protección de datos.
«Las empresas tecnológicas deben reconocer los entornos de transición como una categoría distinta de contextos de alto riesgo que merecen una mayor diligencia», advirtió.