El Gobierno porteño cobrará 600 millones de pesos al año y una parte de ese dinero, o incluso más, volverá a la empresa compradora del Canal de la Ciudad, por la vía del pago por espacios institucionales y de coproducción con organismos públicos porteños, en el marco de un proceso de privatización irregular, según denunció el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
La organización civil había solicitado una medida cautelar a la Justicia porteña para evitar la privatización porque entiende que la empresa CALE GROUP MEDIA S.A. no alcanza el índice de liquidez obligatorio y que presentó un plan de negocios para el canal que depende de que el propio gobierno porteño le compre contenidos.
El 9 de octubre último, la Justicia porteña rechazó la medida cautelar y el Observatorio apeló ante la Cámara esa decisión.
La adjudicación a la empresa, que es dueña de los canales de streaming Blender y Carajo, fue confirmada el 14 de agosto de este año, en el marco de un pliego que no cumple con el canon fijado, que exige un índice de liquidez superior al 1.10 y establece que la oferta que no lo cumple será «inadmisible».
El Observatorio informó que el balance de 2025 de la adjudicataria declara 0,86, y su certificación al 31 de marzo de 2026 expone 0,94. La Comisión de Evaluación le puso «cumple», pese a que no alcanzaba el índice establecido en el pliego.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ordena, en su artículo 47, que los medios públicos porteños se deben gestionar a través de un ente autárquico con participación de la Legislatura y entidades de la cultura.
Por ese motivo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad promovió un amparo colectivo el 20 de abril de este año y el juez la rechazó el 9 de octubre, cuando el canal ya había sido adjudicado.
En este enlace se pueden leer en detalle las actuaciones llevadas adelante por el Observatorio del Derecho a la Ciudad para garantizar el funcionamiento de los medios públicos porteños en el marco de lo que fija la Constitución.