Instituciones académicas, sindicatos, centros de investigación y grupos de medios crearon en España el Observatorio del Derecho a la Información, para promover el derecho del público a recibir contenidos confiables, necesarios para su diario vivir y su toma de decisiones, en un país que carece de una estructura regulatoria en este campo.
Xosé Manuel Pereiro, ex decano del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, a cargo de la dirección del grupo, declaró que es necesaria una tarea que ponga en evidencia las informaciones falsas y la falta de rectificación que impera en medios de su país, al tiempo que salió al paso de la coartada habitual para enfrentar este tipo de iniciativas, que consiste en proclamar la defensa de la libertad de expresión y tipificarlas como organismos que censuran.
«La libertad de expresión no es la libertad de que cada periodista diga lo que quiere, sino el derecho de la ciudadanía a tener una información veraz y plural», explicó el académico.
UNIVERSIDADES, SINDICATOS E INVESTIGADORES
El Observatorio fue conformado por gran cantidad de instituciones. Entre ellas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid; la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos; el grupo «DemocMedia» (Medios, Políticas de Comunicación y Democracia en la UE) de la Universidad de Sevilla; y el Grupo de Estudos Audiovisuais de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela.
También el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y Kazeteriak, Asociación y Colegio Vasco de Periodistas, así como la Red Iberoamericana en Investigación en Comunicación, Poder y Democracia.
Cuenta con un consejo asesor integrado por representantes de las universidades y sus grupos de investigación, junto a figuras como Jesús Ceberio, ex director de El País, y Amaia Goikoetxea, decana de la Asociación y del Colegio Vasco de Periodistas.
La Universidad Complutense informó que las instituciones y grupos fundantes «llevan años examinando la práctica cotidiana de la comunicación informativa».
El Observatorio, agregó, «realizará informes periódicos sobre el estado del derecho a la Información en España, difundirá los trabajos que elaboren sus integrantes» y presentará ante quien corresponda «las denuncias sobre su incumplimiento».
Todo ello se hará, aseguró, «con la colaboración de la ciudadanía, sujeto y objeto último de la existencia de ese derecho fundamental». Como es obvio, no tendrá capacidad sancionatoria, ya que no reúne autoridad estatal para hacerlo.
NOTICIAS PUBLICADAS PARA CONFUNDIR
En diálogo con Cadena Ser, Pereiro explicó que uno de los problemas que causan preocupación es la publicación de informaciones que, sin ser necesariamente falsas en todos sus elementos, «pueden inducir deliberadamente» a interpretaciones equivocadas.
Mencionó como ejemplo la noticia sobre una subvención concedida a una mujer llamada Begoña Gómez y explicó que el titular podía llevar al lector a relacionarla con la esposa del presidente del Gobierno, pese a tratarse de otra persona.
Ese es el tipo de práctica informativa que demuestra la necesidad de «establecer mecanismos de vigilancia sobre los titulares engañosos y la presentación de las noticias», agregó.