Pese a la caída real acumulada del 45,6% de las transferencias presupuestarias, la pérdida del 32% en el poder adquisitivo salarial y una baja del 37% del presupuesto entre 2023 y la actualidad, la comunidad universitaria argentina está de pie, resiste, da clases y produce investigación. El próximo 15 de octubre alzará su voz una vez más frente al Congreso Nacional para reclamar los fondos legalmente aprobados y que nunca le llegaron.
La Marcha Federal Universitaria número 5 está convocada para el jueves 15 de octubre a las 13.30 horas frente al Congreso de la Nación. La lidera el CIN, que reúne a todos los rectores de las universidades nacionales, los sindicatos CONADU, CONADU Histórica, el de los no docentes y la Federación Universitaria Argentina que reúne a las y los estudiantes. Se reclama para el año próximo un presupuesto que permita el funcionamiento digno a las casas de estudio: 11 billones de pesos, frente a los 7.3 billones propuestos por el Poder Ejecutivo.
La protesta coincidirá con una sesión especial solicitada por la oposición política en la Cámara de Diputados, para discutir las partidas presupuestarias que fueron recortadas.
¿Pero cómo están funcionando hoy las universidades? El 93% del presupuesto se destina a salarios docentes, que fueron perdiendo día a día capacidad adquisitiva, 5.7% al funcionamiento y mantenimiento de las casas de estudio, el 0,7 a los hospitales universitarios y el 0,5% al desarrollo de sus programas de investigación, extensión y otros.
La discusión no se agota entonces en los sueldos docentes y no docentes, sino que becas, infraestructura e investigación, funciones indispensables para cualquier sistema universitario público, están sufriendo hoy consecuencias que hieren a la universidad pública argentina, que sigue siendo pionera en Latinoamérica.
Financiamiento
La Ley 27795, de financiamiento universitario, fue aprobada en agosto de 2025 por el Congreso de la Nación. Luego de que el Ejecutivo la vetara, ambas cámaras insistieron en su sanción. La norma contempla financiamiento para la recomposición salarial de trabajadores universitarios, infraestructura y equipamiento, desarrollo científico y tecnológico y tareas de extensión universitaria. El Poder Ejecutivo suspendió su aplicación hasta que se determinaran las fuentes de financiamiento.
Y así inició transferencias de fondos insuficientes y, de a poco, salarios, infraestructura, trabajos de investigación y de extensión fueron menguando su capacidad económica y por lo tanto deteriorando el servicio educativo que reciben las y los estudiantes.
«Acompañamos el proceso de lucha por el financiamiento sin dejar de cumplir la función social que la universidad tiene encomendada. Sigue habieno clases, instancias académicas, congresos, investigaciones, entrega de diplomas, pese al recorte presupuestario. Pero hay facultades – la nuestra de Sociales no afortunadamente – que perdieron docentes por exilio económico», dijo a La Comunicación Hace Clic (LCHC) el actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Diego De Charras.
«Pero pese a esto, advertimos que el pluriempleo docente, las tareas adicionales repercuten muy duramente en la calidad educativa. Se virtualizan clases que deberían ser presenciales y no podemos ignorar que esto sucede. También estamos intentando producir recursosn propios a partir de cursos de formación profesional, postgrados, perfeccionamiento para los graduados, pero esto representa un ingreso que es exiguo y que vamos administrando con el mayor cuidado posible para seguir manteniendo nuestra función», precisó De Charras, quien fue electo para ser el nuevo decano de Sociales desde 2027.
El pluriempleo docente es el principal problema que tiene que afrontar la universidad, lo que trae ocasionado falta de oferta de horarios para la cursada, las renuncias y la dificultades para cubrir cargos, las dedicaciones simples en profesores que deberían tener asignadas dedicaciones semi exclusivas o exclusivas y más que nada los efectos que sufren las tareas de investigación y extenisión, dos pilares de la función de la universidad pública en Argentina.
El presupuesto presentado por los rectores
En una audiencia pública, el 16 de setiembre de 2026, los rectores universitarios presentaron ante diputados y senadores su propio proyecto presupuestario para el año próximo, en base al documento que ya habían enviado al Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que las universidades son autónomas, estiman sus gastos cada año y envían al Ejecutivo sus estimativos para que lo incluya en el Presupuesto Nacional del año próximo. Pero para 2027 3.7 billones de pesos separan las estimaciones de los rectores de lo que propuso el Ejecutivo. Complicado.
«Nuestro proyecto no es más que la expresión de lo que necesitamos para funcionar y seguir existiendo como sistema», puntualizó ese día la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN y rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone.
La situación del sistema universitario y científico es muy crítica y los voceros consultados por LCHC coinciden en que no tienen más resto para funcionar el año próximo garantizando clases y otorgamiento de títulos si no se soluciona el tema presupuestario. Consideran «incomprensible» que el Gobierno no cumpla la Ley de Financiamiento aprobada y con fallos favorables que exigen al Gobierno la ejecución de la medida cautelar que establece una actualización de salarios y becas aún pendiente.
Rectores, decanos, estudiantes, docentes y no docentes se proponen esta nueva Marcha Federal como una oportunidad y confían en que la sociedad argentina acompaña su reclamo por el valor simbólico que aún sigue teniendo la universidad pública para las y los ciudadanos.
Datos y estadísticas públicas de las universidades
Las universidades públicas son para el Gobierno de Milei organismos que intenta herir, ya que no puede arancelar estudios o cerrar algunas facultades, como era inicialmente su idea, debido al consenso social favorable a lo que represanta la educación superior para la sociedad.
En sus primeros intentos, se trató de desacreditar el funcionamiento de las casas de estudios, acusándolas de no rendir cuentas sobre la ejecución presupuestaria.
Por eso, para transparentar los datos de cantidad de estudiantes, docentes, graduados y ejecución del gasto presupuestario, los rectores firmaron en 2024 un convenio para crear con la Auditoría General de la Nación un Portal que publica todos los datos del sitema universitario público nacional: Portal de Datos Abiertos. Como se puede observar, ingresando al portal, esos datos hoy están disponibles y actualizados.
A continuación el listado de universidades a las que se puede acceder a todos los datos en el mencionado portal: