El gobierno argentino debe “suspender de inmediato el uso de todas las tecnologías de vigilancia” que adquirió y despliega “sin un fundamento jurídico específico”, por la amenaza que representan para el respeto a los derechos humanos y a la protección de datos según los estándares internacionales, reclamó Amnistía Internacional en un informe específico.
Asimismo, propuso al Congreso Nacional “conformar y garantizar el efectivo funcionamiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”, para que asuma el control de las tecnologías para la vigilancia que le corresponde por ley.
También le pide al Legislativo “promover un debate parlamentario para la regulación del uso de tecnologías de vigilancia, que establezca definiciones claras, habilitaciones específicas, límites de uso y prohibiciones, salvaguardas, mecanismos de control independiente y sanciones ante incumplimiento, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”.
DESPLIEGUE INCONTROLADO DE VIGILANCIA
Estas peticiones, que la institución humanitaria llama “recomendaciones” dirigidas a las autoridades, son necesarias para hacer frente y revertir “el despliegue incontrolado de la vigilancia” impuesta en el país por el gobierno de Javier Milei desde que asumió, en diciembre de 2023.
Instrumentos para la vigilancia aérea y en el ambiente digital y sus redes, así como sistemas de reconocimiento facial, se cuentan entre recursos incorporados por el gobierno, dice el informe “Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina”.
Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos que se define como “movimiento global” formado por 10 millones de personas y que se considera “independiente de toda ideología política, interés económico y religión”.
El informe sobre Argentina, comunicó en su espacio oficial, se basa en entrevistas a 21 personas, entre defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y jubilados, análisis de documentos de contrataciones hechas por el gobierno, datos sobre las tecnologías analizadas y peticiones de acceso a la información.
GRAVE AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS
Sobre las verificaciones, conclusiones y recomendaciones del informe, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina, declaró que en el país “el uso extendido de herramientas de vigilancia en los espacios físicos y digitales está teniendo graves consecuencias sobre los derechos de las personas. Estas tecnologías se están consolidando como componentes centrales de un entramado de control estatal que busca desalentar la protesta, limitar las voces disidentes y someter a una mayor vigilancia a grupos históricamente marginados”.
“Cuando las autoridades buscan eludir el escrutinio público, quienes cuestionan o exigen respuestas pueden convertirse en blanco de distintas formas de vigilancia, control y represión, profundizando prácticas de carácter autoritario”, advirtió.
El trabajo explica que estas políticas fueron desplegadas en medio de la imposición de un ajuste económico. El modelo tiene consecuencias graves para la mayoría de la población, dada la reducción de ingresos de los hogares y las erogaciones mayores por el costo de vida real y el aumento de los servicios esenciales, como agua, comunicación, electricidad, gas y salud.
A la vez, dice Amnistía, el oficialismo desplegó un discurso agresivo hacia la oposición y hacia las y los inmigrantes, las mujeres, las personas LGTBI y hacia periodistas y medios de comunicación.
NO HAY HERRAMIENTAS “NEUTRALES”
“En este marco, las tecnologías de vigilancia no operan como herramientas neutrales, sino como parte de una infraestructura orientada al control social, la persecución de la disidencia y la restricción del espacio cívico, amplificando prácticas de vigilancia, perfilamiento y represalias con efectos directos sobre derechos como la privacidad, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica”.
El trabajo agrega que el denominado “protocolo antipiquetes”, aplicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación –en numerosos casos, como en la Ciudad de Buenos Aires, con la complicidad del gobierno local- “habilita la intervención de fuerzas federales en protestas sin orden judicial y promueve la identificación, registro y sistematización de información sobre manifestantes, organizaciones y vehículos”.
Agrega que además creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, “con amplias funciones vinculadas al análisis de datos, monitoreo digital, reconocimiento facial y predicción del delito, sin mecanismos específicos de control externo”.
CIBERPATRULLAJE Y RECONOCIMIENTO FACIAL
También cita la adopción de protocolos que “regulan el uso de tecnologías específicas, como el ciberpatrullaje y el reconocimiento facial ex post, ampliando el marco operativo para la vigilancia en entornos digitales”.
Como “recomendaciones principales” a los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, Aministía Internacional pide “prohibir el desarrollo, la producción, la venta y el uso, por parte de todos los actores públicos y privados, de tecnologías biométricas que permitan la vigilancia masiva y la vigilancia selectiva discriminatoria”.
También “prohibir el desarrollo, la producción, la venta y el uso de sistemas de inteligencia artificial que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante la recopilación indiscriminada de imágenes faciales de internet o de grabaciones de circuitos cerrados de televisión”.
Asimismo, “prohibir los sistemas automatizados de evaluación de riesgos y elaboración de perfiles en el contexto migratorio cuando se utilicen para determinar si las personas en movimiento representan un ‘riesgo’ de actividad ilícita o una amenaza para la seguridad” y “suspender de inmediato el uso de todas las tecnologías de vigilancia adquiridas o desplegadas sin una base jurídica específica, sin evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y la protección de datos, o sin mecanismos de supervisión externa. Esto incluye, en particular, las herramientas de monitoreo de fuentes abiertas y de vigilancia aérea”.