A días de la convocatoria a una nueva marcha del #3J, a 11 años de la histórica primera concentración de Ni Una Menos, esta semana se encontraron, en el mismo día, dos cuerpos de adolescentes asesinadas: Dulce Candia (17 años), de Misiones, y Agostina Vega (14 años), caso en el que toda la información indicaría que fue víctima de abuso sexual y violencia por parte de quien es el único detenido y acusado en la causa, Claudio Barrelier.
En 2025 hubo 273 femicidios y travesticismos, según el Observatorio Lucía Pérez, pero el Gobierno Nacional insiste en eliminar la figura de femicidio en el Código Penal como agravante por razón de género. El Gobierno considera que esa figura es violatoria de la igualdad ante la ley de mujeres y varones porque indicaría que la vida de las mujeres vale más que la de los hombres, negando que hace decenas de años, en la práctica, la situación es a la inversa, las que no valen son las vidas de las mujeres y diversidades.
Hay debates que muchas creíamos saldados en la sociedad argentina pero parece que no. La cantidad de opiniones repletas de prejuicios responsabilizando a Agostina y sobre todo a su madre que se publicaron este fin de semana en redes sociales de periodistas, influencers y personajes públicos y no públicos, son incontables y muestran que los prejuicios siguen mandando en la cultura de muchas y muchos argentinos, mal nos pese.
Pero la situación se agrava más aún, si observamos que el fiscal caratula una causa como homicidio cuando legalmente debería hacerlo inicialmente al menos como femicidio. Y sigue agravándose cuando observamos cómo están informando los medios de comunicación estos hechos.
Si lo que le pasó a Agostina hubiera sido hace dos años, en las noticias ya se estaría denominando el caso como «femicidio», pero hoy no sólo no se usa esa denominación, sino que se especula, abiertamente, sobre la vida sexual de la adolescente, de su madre, se cuestiona públicamente en las pantallas televisivas los permisos que se daban o no en la familia y hasta se llegó a acusar, en un medio de comunicación, a la mamá de la niña asesinada de «ejercer la prostitución». Otra vez el prejuicio de acusar a la víctima de haber provocado que la violaran y asesinaran.
Algunos cronistas habla sosteniendo para el público un caso que atrae, como si sus acusaciones públicas a la víctima y la familia, como si esa falta de respeto a la privacidad y al dolor provocado, no hiciera daño. Justifican el accionar del hombre acusado, quien además evidentemente actuó con total impunidad: usó un auto de su novia para trasladar el cuerpo, pagó el remise en el que se trasladá la adolescente hasta su casa, la hizo ingresar en su domicilio, y dejó prendido su celular todo el tiempo porque su ubicación fue interceptada por la policía.
En algunos noticieros, como el de TN, se usó el graph «Femicidio de Agostina». Sin embargo se debatió en pantalla, en pleno horario de protección al menor, en torno al «tipo» de asesino del acusado. El presunto asesino no sería «un profesional » sino un hombre que actuó en forma «desorganizada» y «muy rudimentaria», un amateur diríamos. ¿Qué cambia eso?
Ignacio González Prieto, periodista y magister en criminología explicó en TN que el acusado demostró algún tipo de «culpa» por el «ataque sexual» a la adolescente, ya que «tapó su rostro» antes de asesinarla porque «no podía mirarla» a la cara. Mientras un graph con la advertencia: «contenido no apto para niñas, niños y adolescentes».
La entrevista con el papá de Agostina, fue un condimento más en la «novela» que los medios de comunicación reprodujeron una y otra vez por las pantallas. A continuación una de las entrevistas en las que el padre habla de «los dos lados» de la familia, como si ese elemento fuera central o tuviera algo que ver con la desaparición de la niña, cuyo asesinato en el momento de la nota aún no se sabía.
De cualquier modo, al horror de lo que le ocurrió a la niña, a la dramática comprobación de que siguen sumándose los centenares de mujeres asesinadas por razones de género año a año, a lo paradójico que resulta que desde la primera magistratura se nieguen los femicidios y la violencia de género, se suma la tremenda comprobación de que en los medios de comunicación parece que no haberse aprendido nada. Hay un desagradable retroceso en la toma de conciencia de decenas de periodistas que volvieron a hablar de crímenes en lugar de femicidios. Sólo falta que vuelva la inefable denominación de «crímen pasional».
Desde este espacio, advertimos la necesidad urgente de que las y los periodistas, volvamos a responsabilizarnos por los contenidos que difundimos. La comunicación sigue siendo un bien social, sigue teniendo la función central de garantizar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de las personas y nada tiene que ver con estos dos derechos, el abordaje espectacularizante y displicente de esta noticia.
La ley de interrupción del embarazo no se garantiza
Es preocupante también la denuncia dada a conocer esta semana por Aministía Internacional que fue muy poco difundida por los medios y que da cuenta del retiro del Estado en las garantías del acceso a la interrupción legal de los embarazos en la Argentina.
Esa investigación denuncia el crecimiento en un año de un 300% de los reclamos de mujeres por obstáculos para el acceso al aborto es centros de salud públicos. En muchos casos, las mujeres indican que se les trasladó el costo de la medicación a ellas mismas, afectando así principalmente a quienes se encuentran con mayor vulnerabilidad.
El costo de la retirada es el nombre del informe difundido por Amnistía Internacional hace una semana, en el que se detalla la situación en todo el país en relación al corrimiento del Estado de su obligación de garantizar el cumplimento de la Ley 27610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Ante todo este panorama, sólo parece quedar como única opción la denuncia pública. La marcha del próximo miércoles puede ser una respuesta contundente a tanta despreocupación ante un tema que sigue siendo urgente y deber ser necesariamente parte de la agenda pública.