Luis Lazzaro, periodista, docente universitario de Derecho de la Comunicación. Magister en Educación, Lenguajes y Medios, escribió esta nota para La Comunicación Hace Clic y la publicación hermana Esfera Comunicacional.
El Grupo Clarín enfrenta por estos días un doble desafío, de naturaleza regulatoria y económica, pero sobre todo política, pues debe resolver el dilema de cumplir las condiciones que supeditan la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom a condiciones que eviten o disimulen la formación de un monopolio perjudicial para los usuarios y para la posible competencia, afectando el interés general.
Así se lo exige el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que pone en evidencia el abuso de posición dominante de mercado en el sector de servicios móviles -resultado de concentrar las marcas Personal y Movistar en un mismo operador- para lo cual exige a Clarín una serie de medidas. Entre ellas, desprenderse de 6 millones de usuarios, devolver parte del espectro que adquirió violando las normas vigentes, así como compartir infraestructura crítica con virtuales competidores. Según el informe público de la ANC, Clarín controla hoy el 70% de los servicios de telecomunicaciones.
Los procesos sucesivos de concentración de los mercados de la comunicación -mediante la fusión Cablevisión/Multicanal y Cablevisión/Telecom, a los que se suma ahora la integración con Telefónica- impactan en la industria sectorial pero también producen efectos culturales y políticos derivados de la funcionalidad de la estructura empresarial a la narrativa y los contenidos del dispositivo editorial de Clarín, socio activo de la Asociación Empresarial Argentina (AEA). El conglomerado quedaría ahora a un paso de blanquear su condición de operador monopólico pero a condición de dar una señal a los reguladores con alguna reestructuración de su cartera.
Se trata no solo del mercado sino también de la ostentación de poder que acostumbra a realizar el Grupo, negándose sistemáticamente a cumplir los parámetros regulatorios, incluso aquellos que posibilitan la concentración de los mercados. Históricamente, el Grupo ha resistido el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, establecidas en las leyes 26.522 de Servicios Audiovisuales, la 27.078, de Servicios Digitales. Ahora se enfrenta también con la 27.442 de Defensa de la Competencia.
La integración con Telefónica tendrá efectos horizontales significativos en el país, en los mercados minoristas residenciales de telefonía móvil, internet por banda ancha, televisión paga y servicios corporativos y en los mercados de servicios mayoristas (tránsito IP, transporte de datos y red de acceso de telefonía móvil). Las áreas más afectadas, considerando los distintos mercados residenciales con efectos horizontales locales (internet, telefonía fija y TV), serían CABA y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, y San Juan en el caso de TV paga, según surge de la propia ANC.
La pulseada con el gobierno de Javier Milei se sustenta no solo en la resignación de una cuota de mercado por parte del Grupo. También se trata de las señales que se envían a los factores de poder. Una lectura posible sería que el gobierno libertario ha capitulado frente al poderío de Clarín, tal vez a cambio de alguna indulgencia.También que ante el hecho consumado de la fusión, el gobierno reclame que la empresa se someta a alguna cosmética que deje bien parado al poder político. Algo contrario a los principios del holding.
Algunas de las señales que el Grupo debería enviar al organismo regulatorio serían:
• Desprendimiento de 6 millones de clientes móviles especialmente en el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor.
• Garantizar a un nuevo operador el acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión por el término de 2 años, asegurando la continuidad y calidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red.
• Devolver 130 MHz de espectro radioeléctrico, para su puesta a disposición por parte de otras empresas.
• Ceder clientes a terceros en localidades donde la participación de la empresa fusionada supere el 50%.
Todavía no se dice nada sobre cómo se controlará la paquetización de la oferta de servicios, que permite a la corporación una competencia desleal según las localidades y servicios, dada su dominancia en mercados convergentes; tampoco sobre la suerte de los acuerdos preexistentes entre Telefónica y operadores locales o cooperativos para competir con Telecom (cuando eran rivales); ni sobre cómo se verificará la incorporación efectiva de un tercer jugador (además de Claro) que se posicione con los clientes que debe ceder el Grupo.
Están en discusión los alcances de las concesiones que debería realizar la fusionada para cumplir los requisitos del gobierno. Sin embargo -y ya pasó con la fallida adecuación a la llamada “ley de medios”- la corporación simpatiza más con las intrigas palaciegas en el poder judicial, las operaciones mediáticas y los círculos empresarios, que con el cumplimiento de las mandas regulatorias. Los nuevos escenarios geopolíticos y la reconfiguración de los mercados por las economías de plataforma están cambiando el perfil de los jugadores. Nada asegura que nuevos cortocircuitos dejen de producirse en la cima del poder o que todo concluya con otra “gran estafa” (como apuntó Milei en su famoso tweet contra Clarín) cuya víctima principal seguirá siendo el sufrido pueblo argentino.