Esta semana las y los argentinos nos enteramos que somos parte de un documento de política internacional conservador que rechaza el aborto, impulsado en el 2020 por Estados Unidos y que está copatrocinado por Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda y el Brasil de Jair Bolsonaro.
Así las cosas, nos preguntamos, ¿cómo un país en el que rige hace más de cinco años una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que garantiza suprimir el proceso gestacional hasta la semana 14 puede firmar, como si nada, este acuerdo internacional?
Uno de los puntos del acuerdo suscripto el jueves 14 de agosto de 2026 por el canciller Pablo Quirno y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, pone el énfasis en que en «ningún caso debe promoverse el aborto como método de planificación familiar» y que «el niño necesita salvaguardas y cuidados especiales antes y después del nacimiento».
Lo cierto es que, desde que asumió el Gobierno Javier Milei, en Argentina la IVE marcha pero con muchas dificultades de implementación. En primer lugar, el Estado no garantiza información sobre la cantidad de interrupciones de embarazos y, además faltan los medicamentos gratuitos garantizados legalmente para practicárselo en hospitales y sanatorios de salud pública.
Los únicos datos oficiales con los que se cuenta indican que entre 2021 y 2024 se realizaron 314.000 prácticas, pero la publicación de datos oficiales periódicas fue suspendida por el Gobierno Nacional en diciembre de 2023, según la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) del Centro de Estudios del Estado y la Sociedad.
Recortes para la anticoncepción
En cuanto a los recortes, informa que cayeron la compra de métodos anticonceptivos para prevenir los embarazos no deseados, ya que de las más de 1.200.000 mujeres que se proyectaba proteger durante el 2024, en el presupuesto 2026 del ministerio de Capital Humano sólo figuran 63.000 mujeres que podrán recibir gratuitamente algun método de anticoncepción.
La decisión es política, no se trata de un recorte de presupuesto que rinda ganancia de ningun tipo al país, más allá de que esta medida es ilegal porque no se cumple con las leyes argentinas que garantizan esos derechos a las mujeres.
Según informa la red de profesionales de Redaas cada peso invertido en anticoncepción es «ahorro de tres pesos en atención médica» y, si se considera los efectos que provoca esa inversión en materia educativa, de posibilidades de empleo de las mujeres y productividad, el retorno total a la sociedad asciende a «veinte veces el valor de inversión». Es decir, no hay mirada de política económica que justifica esta decisión que es política, reaccionaria y conservadora de los intereses de una parte de la sociedad minoritaria.
Aministía Internacional informó que en 2024 recibió más de 400 denuncias por barreras al acceso al aborto , una cifra que triplica la del año anterior y responsabilizó al gobierno de Milei del «desmantelamiento de derechos» de mujeres y diversidades. La organización recibió estos reclamos a través de un formulario on line que colgó en su página web para que las personas pudieran denunciar.
Entre las principales medidas oficiales, que enmarcan la denuncia, está la suspensión de compra y distribución a los centros de salud de misoprostol y mifepristona, insumos escenciales para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Se informó que en los hospitales públicos de algunas provincias no hay medicación disponible y se les pide a las mujeres que las compren por cuenta propia, pese a que es obligación del Estado su provisión.
A todo esto se suma la ausencia de información pública sobre la vigencia de la Ley, que la Línea de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud 0800 222 3444 muchas veces no responde, por el desfinanciamento oficial, y que no se publican datos oficiales sobre el tema desde 2024.
Si se puede acceder a datos en algunas de las provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el Ministerio de Salud informó que en 2024 se realizaron 9.646 interrupciones del embarazo en el sistema público , mientras que en 2025 la cifra oficial descendió levemente (un 1.95%) a 9.458 casos. En la provincia de Buenos Aires se informó en 2024 que hubo 43.270 prácticas en la salud pública vinculadas a la IVE, pero el 95% respondió al aborto legal y el 5% fueron intervenciones posteriores por complicaciones físicas de la gestante.
También las obras sociales y la medicina prepaga
No sólo los impedimientos llegan de la salud pública, según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional. Los reclamos por obstáculos en el acceso al aborto se deben a demoras que podrían ser evitadas, como la falta de asesoramiento a las usuarias sobre la cobertura total de la medicación, la falta de formación del personal y en algunas provincias, como San Juan, Mendoza y Salta no se encuentran prestadores de salud privados
La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación informó que los reclamos por obstáculos en el acceso al aborto en el sector se deben principalmente a demoras evitables, como la falta de formación del personal, falta de asesoramiento a las usuarias sobre como acceder a la cobertura total de la medicación, demoras en la autorización de presupuestos y falta de derivaciones adecuadas a prestadores disponibles para garantizar la práctica. Asimismo, el organismo señaló que en provincias como San Juan, Mendoza y Salta se registran dificultades para encontrar prestadores de salud privados que no invoquen la objeción de conciencia, lo que agrava las barreras de acceso.
Cabe resaltar que conforme el marco legal vigente, solo los profesionales pueden declararse objetores de conciencia: no existe la objeción de conciencia institucional. Los sanatorios y centros de salud tienen la obligación legal de garantizar la práctica a cualquier ciudadana que se presente y la solicite.
Según la Ley 27610, las obras sociales y prepagas son responsables tanto por su accionar como el de sus prestadores y sino cumplen tienen que ser multadas. Desde 2022 hasta 2024 se sancionó a Accord Salud, Sancord Salud, Federada Salud y OMINT S.A por hechos puntuales que fueron desde situaciones de trato vejatorio a pacientes hasta falta de información, dado que ninguna clínica de cartilla ofrecía la práctica para las afiliadas.
La información del acceso a los derechos y un Estado que garantice su cumplimiento son dos elementos centrales para que las leyes se cumplan. Cuando esto no ocurre, las y los ciudadanos tenemos también la posibilidad de reclamar y denunciar y el periodismo tiene la obligación de informar lo que realmente está ocurriendo.