Las medidas restrictivas que el régimen de Javier Milei anunció para la cobertura periodística de manifestaciones públicas fueron rechazadas por sindicatos e instituciones de trabajadores y trabajadoras de la comunicación, porque constituyen una limitación al derecho a la libertad de expresión, en este caso aplicada a situaciones en que las fuerzas gubernamentales despliegan grandes operativos de represión.
El Ministerio de Seguridad difundió un comunicado que tituló “Medidas de seguridad para la prensa – Operativo Congreso”, en el que anuncia la pretensión de imponer lugares específicos y acotados para la actividad del periodismo, con un único espacio para los móviles de los medios y limitaciones a la cercanía a los miembros de las fuerzas a sus órdenes, ante nuevas propuestas frente a la sede legislativa.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra) advirtieron que las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, “limitan el ejercicio de la libertad de expresión y buscan promover la desmovilización con amenazas de represión”.
Por su parte, la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina advirtió que “cualquier limitación o acción que restrinja la labor de los periodistas que cubren manifestaciones, marchas o protestas en el espacio público, no solo obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”.
El comunicado del Ministerio anuncia la atribución de un espacio para que permanezcan los móviles de los medios y advierte que las y los periodistas no deben ubicarse en los lugares que les permitan cercanía con quienes manifiestan y las fuerzas gubernamentales. Esa cercanía es indispensable para informar sobre la secuencia de los hechos, sobre todo en caso de enfrentamientos o actos represivos, que son muy frecuentes desde que Milei asumió la presidencia, en diciembre de 2023.
DENUNCIAS DE INFILTRADOS DEL OFICIALISMO
El anuncio oficial se encadena con los hechos ocurridos el miércoles 11 de febrero frente al Congreso de la Nación, cuando el Senado trataba el proyecto oficial de reducción de derechos laborales. Una manifestación de protesta transcurría pacíficamente frente a la sede legislativa hasta que irrumpió en el lugar un grupo reducido de personas que comenzó a generar violencia, sin que las fuerzas represivas, desplegadas en gran número en el lugar, hicieran durante varios minutos un solo movimiento para impedirlo.
Luego comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y a usar camiones hidrantes a granel, lo que desarticuló de inmediato la manifestación en curso. Esto motivó varias denuncias de que el grupo al que se le permitió actuar líbremente durante varios minutos estaba integrado por infiltrados al servicio del gobierno, que después lanzó acusaciones de “terrorismo”.
SiPreBA y Argra expresaron en un pronunciamiento conjunto que las medidas anunciadas oficialmente son “incompatibles con las conveciones de derechos humanos”, que la Argentina está obligada a respetar.
Advierten que con la afirmación gubernamental sobre que las y los periodistas no deben ubicarse en lugares cercanos a un eventual conflicto y que si lo hacen ello constituirá una “autopuesta en peligro”, representa que las autoridades se desentienden de sus obligaciones, entre ellas la protección de la protesta “y de quienes trabajamos en su registro y cobertura”.
“La ministra Alejandra Monteoliva usa la misma estrategia que su antecesora Patricia Bullrich, cuando buscó responsabilizar a Pablo Grillo luego de que un gas lacrimógeno, lanzado de forma prohibida por un gendarme, lo dejara con heridas gravísimas”, el 12 de marzo de 2025, cuando el fotógrafo cubría la represión a una marcha de jubilados.
RECLAMO DE CORRESPONSALES EXTRANJEROS
La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina, al criticar el anuncio gubernamental, recordó que “diversos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, han establecido que, en contextos de alta conflictividad social, corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas y trabajadores de prensa para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad”.
Por ello, la institución “rechaza los términos del comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional, en tanto sus disposiciones generan un efecto intimidatorio sobre la labor periodística, desentienden al Estado de su deber de proteger la integridad de los reporteros en cubrimientos de manifestaciones públicas y, de manera aún más grave, trasladan a los propios trabajadores de prensa la responsabilidad por su integridad física, eludiendo así las funciones que la Constitución Nacional y las leyes vigentes asignan a dicha cartera de Estado y a sus agentes”.