La Federación Internacional de Periodistas expresó su respaldo a organizaciones sindicales argentinas que reclaman al Congreso que revise la derogación del Estatuto del Periodista, incluida en la ley de reducción de derechos laborales, nombrada habitualmente como «reforma laboral», y que entrará en vigencia el primero de enero de 2027.
La derogación «amenaza con generar un peligroso vacío legal que dejará a las y los trabajadores de prensa sin protección frente a las presiones empresariales y políticas», advirtió la Federación, que congrega a 187 sindicatos y federaciones, para una representación estimada en 600 mil periodistas de 140 países, informa su espacio oficial.
El pronunciamiento va en respaldo directo de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que con sus sindicatos de base viene realizando acciones en el intento por revertir la reforma legal impulsada por el régimen de Javier Milei y sus aliados.
ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La eliminación del Estatuto (Ley 1.908) «no representa un mero debate técnico, sino un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información», puesto que la norma «constituye la herramienta de protección de los derechos laborales, la dignidad profesional y la autonomía editorial de los comunicadores», explicó la Federación.
Esta decisión gubernamental es una de las acciones que el gobierno emprendió contra los medios desde que asumió en diciembre de 2023, entre ellos restricciones en espacios públicos de cobertura, como la Casa Rosada, ataques continuados dirigidos expresamente contra las y los periodistas por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones de protesta y eliminación del fondo de financiamiento establecido por ley para medios populares, comunitarios, cooperativos y públicos.
En la misma tónica se inscriben ataques y ofensas permanentes de Javier Milei y sus acólitos contra periodistas, así como demandas judiciales.
INACCIÓN EN EL CONGRESO
La Federación expresó en su comunicado que es «preocupante» que la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, de La Libertad Avanza, quien preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, «no haya convocado en todo el año una sola reunión» para tratar el tema de la derogación del Estatuto.
«Resulta inaceptable que, además de incumplir con sus funciones, utilice sus redes sociales para burlarse de lxs periodistas, asegurando que cómo ya sufren condiciones de precarización no hay que hacer nada al respecto», agregó.
La Federación destaca el contexto de «creciente violencia discursiva y ataques sistemáticos a la prensa impulsados desde la propia Presidencia de la Nación, lo cual otorga vía libre a las patronales mediáticas para flexibilizar y debilitar las condiciones de contratación, intensificando las presiones sobre el trabajo periodístico».
La derogación del Estatuto es un anhelo muy antiguo de los empresarios propietarios de los medios más poderosos del país, que apoyan esta y otras «reformas» impulsadas por el mileismo, entre ellas el cambio de la legislación laboral, que redujo o aniquiló varios derechos de las y los trabajadores.
Así, la Federación «acompaña la movilización realizada por sindicatos de todo el país, carreras de comunicación y organizaciones sociales el pasado jueves 29 de octubre ante el palacio legislativo. En esa jornada, las organizaciones gremiales presentaron una solicitud formal para que Álvarez Rivero convoque de manera inmediata a reuniones de comisión para debatir los proyectos legislativos que proponen la actualización o prórroga de la norma, cumpliendo así con los compromisos asumidos durante el debate de la reforma laboral en febrero de este año».
La organización internacional «insta a las y los integrantes del Senado argentino a asumir su responsabilidad institucional y convocar de manera urgente al tratamiento de los proyectos presentados. La protección de las y los trabajadores de los medios es un deber ineludible para resguardar la pluralidad de voces y la salud democrática del país, ya que sin derechos laborales ni garantías de ejercicio profesional no hay periodismo libre ni sociedad informada».