El diario Ámbito Financiero informó que recibió una comunicación en la que la asociación openDemocracy se retractó de acusaciones lanzadas en días precedentes, sobre un supuesto financiamiento ruso a medios argentinos para que publicaran artículos contrarios al gobierno de Javier Milei, que aprovechó la versión para impedir el ingreso a la Casa Rosada de varios periodistas.
Ámbito fue uno de los medios que desmintió la versión y exigió derecho a réplica y la rectificación correspondiente. También un periodista de Infobae mostró las notas objetadas, que elaboró con los elementos y estándares habituales para un contenido periodístico.
Simultáneamente, el periodista de investigación Fernando Clavero difundió un informe pormenorizado sobre cómo se financian organizaciones que participaron de la difusión de la supuesta “investigación” con imputaciones a varios medios argentinos, la mayoría de ellos con una orientación editorial opositora al gobierno.
“Tras el endeble informe liderado por openDemocracy, que derivó en la cancelación de acreditaciones periodísticas en Casa Rosada, Ámbito recibió (tarde y a destiempo) una respuesta del consorcio a los pedidos de rectificación. Este medio no recibió pagos de una potencia extranjera, no fue participado de la prueba, no formó parte de ninguna campaña, ni publicó ninguna ‘fake news’», escribió Gabriel Morini, director de la publicación especializada en economía y finanzas.
La nota reprodujo a continuación un correo de responsables de la difusión de la versión: “En ningún lugar de nuestro artículo acusamos a Ámbito, ni a ningún otro medio, de haber recibido dinero de Rusia para desinformar o desacreditar al gobierno”.
El director escribió: “openDemocracy –que lideró el supuesto “consorcio”- y el sitio Chequeado.com, que levantó la información, incluyeron un breve apartado del reclamo de este diario para ser suprimido de la acusación de la que se hizo eco la administración de Javier Milei para desatar un ataque coordinado contra la prensa, en general. La presunta investigación internacional, que enchastró a Ámbito y dio a entender que publicó 8 noticias falsas –sin detalle de contenido- para desacreditar la gestión libertaria a favor de los intereses de una potencia extranjera, se reveló no sólo endeble en materia de pruebas, sino que enfila al escándalo”.
SIN DOCUMENTACIÓN SOBRE LA SUPUESTA CAMPAÑA RUSA
Tras una serie de detalles que, explicó Morini, demuestran que quienes difundieron las acusaciones no hicieron el contacto adecuado para que el diario pudiera responder, la nota recordó que “el arco narrativo de la presunta investigación fue que se filtraron documentos desde África en donde aparecería que Rusia pagó por notas en medios argentinos para incidir en la opinión pública en contra de Javier Milei. No se sabe de dónde salen esos documentos; no se sabe si pagaron; no se sabe quién cobró; no se sabe cómo se iba a llevar adelante esa campaña; ni se sabe qué efectos tuvo en realidad. Lo reconocen en la propia investigación: ‘Es posible, también, que estos montos fueran inflados. Nuestra investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién’, dijo openDemocracy. Está recién en el noveno párrafo de la nota que desató un vendaval de acusaciones y generó que Ámbito fuera ilegalmente impedido de que sus periodistas acreditados ingresaran a Casa Rosada, en una medida que atenta contra la libertad de expresión y que vulnera la propia Constitución Nacional”.
Además de Ámbito, la restricción al trabajo periodístico adoptada por la Casa Rosada abarcó a trabajadores de Tiempo Argentino, radio La Patriada, El Destape y A24. Esta medida fue repudiada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Federación de Trabajadores de Prensa, y criticada por legisladores de la oposición.
EL FINANCIAMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA VERSIÓN
Por su parte, el periodista Fernando Clavero difundió un documento en el que describe las vías de financiamiento de dos instituciones, Chequeado y FOPEA, que difundieron la versión del pago de 250 mil dólares a periodistas y medios argentinos, según el texto que contó con la colaboración de openDemocracy, Dossier Center y Filtraleaks.
Sobre Chequeado, recordó que fue creado por la fundación La Voz Pública en 2009. En 2015, dice, recibió fondos por 4,5 millones de pesos, que treparon a 76,7 millones en 2020, y cita datos oficiales de la organización: “Para el ejercicio fiscal julio 2024-junio 2025, los ingresos de La Voz Pública/Chequeado fueron de 3.589.721.151,26 pesos”.
Clavero agrega que La Voz Pública/Chequeado recibe financiamiento de la embajada británica, Friedrich-Naumann Stiftung, National Endowment Democracy (NED), Organización de los Estados Americanos, Rockefeller Philanthropy y Unión Europea, entre otros.
En cuanto a FOPEA, que se declara defensora de la libertad de expresión, también recibe apoyo de NED, así como de la embajada de Estados Unidos, Google y de universidades privadas.
Acerca de NED, Clavero detalla que “fue creada en Estados Unidos a principios de los 80. La organización fue señalada como parte de estrategias para desestabilizar a algunos gobiernos en la región sur de América. Su principal financista es el Congreso y el Departamento de Estado de la Casa Blanca a través de la Agencia del Desarrollo Internacional (USAID)”.
En cuanto a openDemocracy, que colaboró en la denominada “investigación” que derivó en acusaciones a los medios argentinos, informa que tiene sede en el Reino Unido y “recibe el apoyo de George Soros a través de Open Society Foundations”.
“Soros también financia ICIJ, la corporación de medios y periodistas que publicó los Panamá Papers. Esos documentos relacionaban a Mauricio Macri con paraísos fiscales. Fueron difundidos entre marzo y abril de 2016, cuando el empresario era el presidente de Argentina. En ese momento, Macri decidió pagarle a Paul Singer un litigio por YPF, empresa en la que Soros era una de los principales accionistas extranjeros. Es conocido el enfrentamiento que existe entre ambos líderes de fondos de inversión”, concluye.