Randolph Moss, juez federal del Distrito de Columbia (DC, la capital estadounidense) falló para impedir que se cumpla una orden del presidente, Donald Trump, destinada a desfinanciar a los medios públicos, a los que el magnate rotula como favorables a sus adversarios demócratas, pero la Casa Blanca anunció inmediatamente que apelará la decisión.
El magistrado resolvió que es violatoria de la Primera Enmienda de la Constitución la orden emitida por Trump para que cese el financiamiento federal a la Radio Pública Nacional (NPR) y al Servicio de Televisión Pública (PBS).
Con la coartada argumental de cuidar el “dinero de los contribuyentes”, muy común entre los regímenes ultraconservadores, Trump obtuvo en el Congreso una ley para quitar financiamiento a estos medios, que son los que más sostienen contenidos educativos y culturales, entre otros.
Moss, postulado a juez durante la presidencia del demócrata Barack Obama (2009-2017), expresó en el fallo que “es difícil concebir pruebas más claras de que una acción del gobierno ataca los puntos de vista que no le gustan al presidente y busca silenciarlos”, informó Chicago Tribune, basándose en un despacho de la agencia AP.
Justamente esa agencia, junto a otros medios privados, están en litigio con la Casa Blanca por medidas restrictivas impuestas por Trump, como impedirles a sus periodistas el acceso a espacios oficiales en los que desempeñan sus coberturas.
JUEZ “RIDÍCULO”, DIJO LA CASA BLANCA
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, tildó al fallo como “ridículo”, y calificó a Moss como “un juez activista que busca socavar la ley”.
En un comunicado, expresó que “la NPR y el PBS no tienen derecho a recibir fondos de los contribuyentes, y el Congreso ya votó para dejarlos de financiar. El gobierno de Trump espera con ansias un triunfo definitivo en este asunto”.
El juez escribió que los demandados federales, es decir el gobierno, “no logran citar un solo caso en el que un tribunal haya respaldado alguna vez una ley o una acción ejecutiva que prohíba a una persona o entidad en particular participar en cualquier actividad financiada por el gobierno federal basándose en la expresión pasada de esa persona o entidad”.
“El mensaje es claro: la NPR y el PBS no necesitan solicitar ningún beneficio federal porque el presidente desaprueba su cobertura noticiosa ‘de izquierda’”, agregó.
Katherine Maher, presidente y directora ejecutiva de la NPR, explicó que “los medios públicos existen para servir al interés público -el de los estadounidenses-, no el de ninguna agenda política ni funcionario electo”.
Por su parte, la directora de PBS, Paula Kerger, expresó que la orden ejecutiva de Trump es un “ejemplo típico” de discriminación y represalia por contenidos que no les gustan a las autoridades, y anunció: “En PBS seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: cumplir nuestra misión de educar e inspirar a todos los estadounidenses como la institución mediática más confiable del país”.
AMENAZAS DEL GOBIERNO A MEDIOS PRIVADOS
A mediados de marzo, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazó con cancelar las licencias de medios periodísticos por noticias y opiniones sobre la guerra contra Irán que no son del gusto del gobierno.
Trump se había quejado públicamente por lo que llamó “cobertura terrible” de la guerra por parte de medios de “baja estofa”. Carr tomó ese pronunciamiento, lo reprodujo y lanzó su amenaza a medios que, en su opinión, publican “noticias falsas”.
En el caso de los medios regulados por la Comisión, el funcionario dijo: “La ley es clara. Los radiodifusores deben operar en beneficio del interés público y perderán sus licencias si no lo hacen”.